El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones, confirmaron a través de las redes sociales que en breve se presentará una nueva legislación en materia de salud mental. La iniciativa busca actualizar la Ley 26.657, que fue sancionada en 2010, para abordar de manera más efectiva las necesidades del sistema de salud.

Fuentes oficiales explican que el objetivo es mejorar la capacidad del sistema sanitario para responder a situaciones que no se encuentran adecuadamente cubiertas por la legislación vigente. Se pretende facilitar su implementación en todo el país, así como promover intervenciones rápidas en situaciones críticas.

Modificaciones Clave en la Nueva Propuesta

Entre las novedades más destacadas, se planea reemplazar el término “padecimiento mental” por “trastornos mentales” y adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Esta actualización tiene como finalidad ofrecer una comprensión más precisa de las condiciones de salud mental.

Además, la futura legislación impulsará la creación de una red de atención sanitaria que contemple hospitales especializados, servicios en hospitales generales y dispositivos de atención ambulatoria y comunitaria, garantizando un acceso equitativo a los servicios.

Aportes para la Nueva Legislación

El proceso de redacción de esta ley ha contado con la participación de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental y representantes del ámbito judicial. Este enfoque colaborativo ha permitido identificar las dificultades concretas que enfrenta la ley actual, así como los criterios dispersos para actuar ante situaciones de riesgo.

La actual Ley 26.657 ha sido objeto de críticas, ya que solo ha sido adoptada formalmente en 16 provincias, dejando a muchas partes del país sin acceso adecuado a servicios de salud mental.

Nuevos Criterios de Internación

Otro aspecto clave de esta propuesta es la modificación de los criterios de internación. Se busca implementar un criterio que considere el contexto general del paciente, lo que permitirá una intervención más oportuna en casos de crisis. Asimismo, se establece que uno de los médicos intervinientes en estas decisiones debe ser un psiquiatra, asegurando una evaluación clínica más completa.

Las modificaciones también incluyen un ajuste en la normativa para las internaciones involuntarias, permitiendo una mayor flexibilidad y garantizando que las decisiones se basen en una valoración integral del paciente y su situación.

Con la nueva legislación, el Gobierno aspira a dotar al sistema de salud de herramientas concretas que permitan una respuesta más eficiente ante los retos de la salud mental, asegurando un enfoque integral y responsable en la atención y tratamiento de los trastornos mentales.