Título: Las provincias exigen acciones al Gobierno como condición para dialogar sobre reforma laboral
Bajada: A medida que avanza la negociación entre el Gobierno y los gobernadores, La Pampa se destaca al reclamar el pago de deudas pendientes antes de discutir el crecimiento laboral.
El clima político se intensifica mientras la administración de Javier Milei busca acercar posturas con los gobernadores en torno a su proyecto de reforma laboral. Las provincias, sin embargo, han levantado la voz para reclamar el cumplimiento de deudas por parte del Estado nacional, insistiendo en la necesidad de saldar compromisos históricos que aún permanecen sin respuesta. La Pampa, liderada por el peronista Sergio Ziliotto, se encuentra a la cabeza de esta demanda.
La Pampa exige el cumplimiento de deudas millonarias
En el marco de un encuentro crucial con Diego Santilli, ministro del Interior y contact principal entre el Gobierno y las provincias, se espera que Ziliotto lleve a Casa Rosada una solicitud de aproximadamente 400 mil millones de pesos. La estrategia del gobernador es clara: establecer un diálogo constructivo sobre cómo el nuevo gobierno cumplirá con dicho monto.
Componentes de la deuda provincial
La deuda reclamada tiene múltiples facetas, siendo la mayor parte de carácter previsional. Desde La Pampa argumentan que el Gobierno debería transferir fondos para cumplir con esta obligación, algo que hasta la fecha no ha sucedido. Este problema ha escalado a un conflicto judicial, llegando incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que ya dictó un primer fallo a favor de la provincia, ordenando un pago inicial.
Un contexto de incertidumbre política
Según fuentes cercanas al peronismo pampeano, si no hay un avance real sobre las deudas acumuladas, será difícil para Ziliotto abordar otros temas que son de interés para el Gobierno, incluyendo cuestiones relacionadas con la modernización del mercado laboral.
Críticas a la reforma laboral del Gobierno
Por otro lado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a través de su secretario general Rodolfo Aguiar, se expresó en contra del proyecto de reforma laboral. Aguiar advirtió que esta iniciativa podría ser devastadora para el empleo en las provincias y reconfiguraría la distribución de la coparticipación tributaria. A su juicio, la propuesta podría generar una caída de la recaudación anual por un monto estimado de $8.149.521.000.000, lo que representaría USD 5.727 millones, con un impacto significativo en las finanzas provinciales.
