El Ejecutivo nacional, bajo el mando de Javier Milei, oficializó la decisión de la Procuración del Tesoro de dejar de ser parte de la querella contra el exmandatario Macri y su círculo íntimo, incluyendo a Luis Caputo, exministro de Finanzas. Esta acción se enmarca en el contexto de la derogación del artículo 1° del Decreto 239/21 y fue comunicada a través del Decreto 87/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La administración de Milei sostiene que la Procuración «actuó de manera excepcional en el proceso penal«, sugiriendo que su involucramiento en casos penales no es parte de sus competencias. Además, se enfatiza que el Ministerio Público Fiscal es el encargado de llevar adelante la acción penal, protegiéndola de posibles influencias externas.

La denuncia inicial contra Macri y Caputo se remonta a marzo de 2021, cuando la Procuración del Tesoro, durante el gobierno de Alberto Fernández, se convirtió en querellante por supuestos delitos de “violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y defraudación a la Administración Pública Nacional” en el contexto de la deuda con el FMI.

Los representantes del Estado subrayaron que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ya había detectado irregularidades en el uso de los fondos desembolsados por el FMI, los cuales fueron utilizados para ventas de divisas en el mercado, contraviniendo las obligaciones pactadas ante el organismo internacional.

Se expuso que dichos fondos debían ser destinados exclusivamente como apoyo presupuestario, a lo que se añadió que las autoridades no cumplieron con la obligación de enviar informes periódicos que garantizasen la transparencia en su uso.