Este recorte de $428 millones menos que en 2025 y de $652 millones menos que en 2023 se traduce en solo $1,4 millones ejecutados hasta la fecha. En términos mensuales, esto representa un escaso promedio de $466 mil, lo que apenas cubre una jubilación mínima, que actualmente es de $440 mil. Estos fondos son designados para cumplir con la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), que incluye la capacitación de profesionales, apoyo técnico a gobiernos locales e investigaciones necesarias.

Una Caída Preocupante en la Inversión

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ha señalado que la inversión en salud mental ha caído un 91,5% desde 2025. Esto se suma a un contexto más amplio de crisis que afecta a las instituciones que brindan servicios de salud mental.

Atrasos que Impactan en la Atención

Por otro lado, otros organismos, como la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), también viven una disminución en su financiamiento, con un presupuesto de $67.051 millones asignados para 2026, lo que significa $546 millones menos que el año anterior.

La Mesa Nacional de Adicciones ha alertado sobre la inminente clausura de organizaciones que asisten a personas con discapacidad debido a los retrasos de pagos de hasta tres meses. El titular de la Federación de Organizaciones no gubernamentales para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (Fonga), Fabián Tonda, confirmó que, aunque se han realizado pagos recientemente, la situación sigue siendo crítica.

Desgaste en Servicios y Personal

Las instituciones se ven obligadas a reducir costes y experimentar una alta rotación de personal, lo cual afecta negativamente la continuidad de tratamientos largos que requieren un vínculo estable entre paciente y profesional. La falta de recursos también implica una gran presión sobre los profesionales de la salud, que deben lidiar con condiciones precarias.

Impacto en Pacientes y Comunidades

Fernando, un consultor psicológico, explica que sus talleres buscan ayudar a los residentes a expresar sus emociones y reestablecer vínculos familiares. Sin embargo, el colapso de las instituciones no solo impacta a los pacientes, sino también a sus familias y la sociedad en general, ya que muchos jóvenes terminan sin tratamiento y en situación de vulnerabilidad.

El aumento en la demanda de servicios de salud mental es preocupante. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, entre 2019 y 2024, las internaciones han pasado de 28,451 a 45,785 en la provincia de Buenos Aires. El informe señala un incremento notable en las internaciones de niños y adolescentes, que aumentaron del 9% al 13% del total, reflejando crisis profundas en estas poblaciones.

A pesar de las graves preocupaciones, se intentó contactar al Ministerio de Salud para obtener comentarios sobre estos recortes y retrasos, pero hasta el momento no hubo respuesta.