El análisis que rodea la nueva ley que modifica el Código Procesal Penal va más allá del aspecto legal. Nombrada en honor a Joaquín Sperani, un adolescente asesinado en Laboulaye por otro menor, esta iniciativa surge para abordar las falencias en la protección de las víctimas.

Durante la sesión de la comisión de Seguridad, el testimonio de los padres de Joaquín añade un elemento humano vital al debate. “Lo hemos vivido y no nos quedamos en la pregunta del porqué. Nos enfocamos en el para qué”, manifestó Mariela Flores, madre de Joaquín, quien lidera la lucha por esta nueva ley.

Mariela también expresó: “Nuestra voz como víctimas representa a muchos padres en Córdoba y en todo el país que enfrentan la misma vulnerabilidad. ¿Por qué se nos niega este derecho si no afecta a los derechos del victimario?», enfatizó ante los legisladores, instando a que se apruebe la norma que llevará el nombre de su hijo.

El relato del abandono estatal refuerza la necesidad de que esta norma tenga un impacto tangible. Legisladores de todas las tendencias coinciden en que no debe ser solo una declaración de intenciones. Mientras la oposición critica que “la política llega tarde” y pide compromisos claros, el oficialismo se propone aprovechar la oportunidad para fomentar un diálogo constructivo sobre esta compleja legislación.

Prioridad a las víctimas en el proceso judicial

El presidente de la comisión, Juan Manuel Llamosas, centra el debate en la construcción de una ley que priorice a la víctima sin poner en riesgo las garantías del sistema penal. “El objetivo es que la víctima tenga voz en cada etapa, que sea escuchada y cuente con herramientas concretas”, afirmó.

Tal como sugiere este enfoque, el oficialismo propone un sistema en el que las víctimas o sus familias tengan la posibilidad de participar activamente, aportar evidencia y ser escuchados en las distintas instancias del proceso judicial. Aunque su acceso no será vinculante —para asegurar el derecho a la defensa—, se busca que su involucramiento sea una parte obligatoria del proceso, corrigiendo así una histórica asimetría.

Un enfoque integral para el bienestar de las víctimas

Llamosas también subrayó que la iniciativa aborda no solo el ámbito procesal, sino que propone un sistema de acompañamiento integral, que incluye apoyo psicológico, jurídico y social. Así, se pretende garantizar que las víctimas no solo gocen de derechos formales, sino que también reciban la contención necesaria en momentos críticos.

El papel de los familiares de las víctimas se torna esencial. El testimonio de la familia Sperani fue un catalizador en este proceso, transformando el reclamo en una fuerza política poderosa que generó consensos. “Esa contribución da sentido a la ley”, reconocieron fuentes oficiales.

En su presentación, la madre de Joaquín insistió en la necesidad de modificar el artículo 91 del actual código. “Toda persona tiene derecho a constituirse como querellante”, incluso en casos donde intervengan menores, destacó.

El proyecto incluye esta enmienda en su artículo 14, que se extiende a las víctimas de delitos cometidos por menores, independientemente de si éstos son considerados inimputables. A pesar de algunas presiones judiciales y discusiones sobre su posible inconstitucionalidad, el Ejecutivo reitera su compromiso con esta modificación crucial.

Un consenso en camino

A medida que la “Ley Joaquín” se acerca a su votación final en la comisión, hay un consenso sobre la finalidad de fortalecer los derechos de las víctimas. Sin embargo, se mantienen diferencias en tres aspectos clave: discrecionalidad judicial, rol de la víctima y el alcance del sistema de asistencia.

La hoja de ruta es clara: se busca enviar un despacho al recinto antes del 20 de mayo, buscando el mayor acuerdo posible. El desafío, según el oficialismo, radica en sancionar una ley “superadora”, que no solo reconozca derechos, sino que los haga efectivos sin alterar el equilibrio del sistema penal.