El CELS critica fuertemente la falta de claridad en el decreto, que difumina la línea entre la seguridad nacional y la vigilancia de la población. De acuerdo con la organización, esta reforma faculta a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a intervenir en asuntos internos, una práctica que había estado prohibida desde el regreso a la democracia para evitar abusos derivados de la última dictadura militar.

Un Estado Policial en Formación

Desde el CELS advierten que el Gobierno está dando paso a un «Estado policial» donde cualquier colectivo social, opositor o activista podría ser considerado una potencia subversiva. Esto plantea serias inquietudes sobre la situación actual de los derechos civiles en el país.

Puntos Críticos del Decreto

Entre las preocupaciones más destacadas, se mencionan las siguientes:

Facultades de Aprehensión

El decreto otorga a los organismos de inteligencia responsabilidades operativas que incluyen la posibilidad de detener individuos. Esta acción debería ser monopolio exclusivo de las fuerzas de seguridad bajo orden judicial.

Uso de Fondos Reservados

La reforma también prevé un aumento considerable en el presupuesto destinado a la SIDE, lo que podría significar una gestión opaca de los recursos públicos y facilitar la financiación de operaciones ilegales.

Monitoreo de la Opinión Pública

La SIDE podrá vigilar y controlar cualquier aspecto calificado como riesgo interno. La reactivación de la lógica del «enemigo interno» representa un riesgo inminente para la privacidad y la libertad de expresión de los ciudadanos.

Un Retroceso en Libertades Individuales

El CELS resalta que esta medida podría ser una de las más perjudiciales para los derechos individuales en varias décadas. La intervención de la inteligencia estatal en la vida privada de los ciudadanos para fines políticos es motivo de alarma, ya que compromete derechos fundamentales como el de la privacidad y la libertad de expresión.

Rechazo en el Congreso

La organización ha instado al Congreso a rechazar el decreto y ha solicitado la intervención de la justicia ante lo que consideran una clara violación de la Constitución Nacional. En respuesta, el bloque de Diputados de Unión por la Patria ha presentado un proyecto para rechazar el Decreto 941, encabezado por la diputada Lorena Pokoik y varios legisladores que respaldan esta iniciativa.

Modificaciones Controversiales en el Sistema de Inteligencia

El CELS sostiene que el decreto altera significativamente la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, sin la intervención necesaria del Congreso, y redefine el papel de la SIDE en el país. Se señala que la capacidad de aprehensión otorgada a la SIDE es incompatible con el orden constitucional.

Un Modelo Centralizado de Información

Finalmente, el CELS expresa que esta reforma consolida un modelo de control y distribución de información que recuerda las prácticas de la antigua SIDE. Desde diciembre de 2023, el gobierno ha impulsado cambios en el sistema de inteligencia, estableciendo directrices que apuntan a monitorear lo que considera amenazas a la gobernabilidad y el conflicto social.