En el marco de la discusión sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, expertos advierten sobre el colapso del sistema que afecta a miles de argentinos.
Durante el debate reciente sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, la abogada Marta Lastra destacó un preocupante deterioro en el funcionamiento del sistema. Lastra señaló que la crisis se agrava por el incumplimiento de la normativa vigente y la evidente falta de políticas sostenidas, lo que repercute drásticamente en la vida de personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios en todo el país.
Impacto Real en la Población
En una entrevista con Perfil Córdoba, Lastra extrapoló que el problema afecta directamente a doscientos mil cordobeses, considerando también a sus familias y el personal de los establecimientos involucrados. Además, enfatizó que el retraso en la actualización del nomenclador nacional ha sido alarmante, con un aumento de solo 0,05% en los últimos dos años, contrarrestado por incrementos de hasta 300% en las prepagas durante el último año del gobierno nacional actual.
Consecuencias de la Crisis
Lastra advirtió que el sistema de discapacidad enfrenta un peligro inminente de colapso. En su obra David frente al Gigante del Olvido: la lucha por la Ley de Emergencia en Discapacidad, amplía sobre la grave situación que atraviesan no solo los afectados directos, sino también las instituciones que los apoyan. En Córdoba, alrededor de 329 instituciones, desde hogares hasta escuelas terapéuticas, están en riesgo de cerrar, dejándolos sin los servicios básicos que requieren.
La Respuesta Desde el Gobierno
Por otra parte, Lastra comparó la política actual con las de gobiernos anteriores, señalando que, desde 1981, cada administración había aportado al fortalecimiento del sistema de discapacidad. Sin embargo, el actual presidente, Javier Milei, enfrenta a esta situación con un recorte en los recursos, haciendo caso omiso a la ley y gobernando con presupuestos prorrogados.
Aspectos Legales y Normativas Ignoradas
Desde una perspectiva jurídica, Lastra argumenta que la crisis no es solo económica, sino también de cumplimiento legal. Hizo hincapié en que el Estado ha pasado por alto leyes clave, como la Ley 22.431 de 1981, que garantiza la protección integral de las personas con discapacidad, y la Ley 24.901, que regula la cobertura de servicios de salud para estas personas. Estas normativas han sido diseñadas para asegurar el acceso a tratamientos, educación y rehabilitación.
La situación actual refleja un abandono del marco legal previamente establecido, donde se han ignorado reglamentaciones cruciales que garantizan los derechos de quienes con discapacidad. Lastra concluye que esta crisis afecta no solo a aquellos que requieren ayudas, sino que también tiene un impacto profundo en la estructura social y comunitaria.
