La justicia argentina marcó un nuevo capítulo en el caso de Cristina Kirchner, rechazando su petición de que se tratara durante el receso de enero una serie de restricciones impuestas en su régimen de detención. La decisión fue tomada por mayoría de los jueces de la Cámara, quienes determinaron que no se dieron las condiciones necesarias para considerar el pedido como urgente.

Fuentes del entorno judicial confirmaron que la mayoría de los magistrados, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci, argumentaron que las inquietudes planteadas no eran lo suficientemente excepcionales como para ser tratadas en el contexto de la feria. Sin embargo, el juez Mariano Borinsky discrepó, considerando que el tema debería ser revisado debido a su vínculo directo con la libertad de la ex presidenta.

A pesar del rechazo en la cámara, la defensa de Kirchner, encabezada por los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, tiene la opción de apelar a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, las expectativas de éxito son limitadas.

Desde junio del año pasado, Kirchner cumple su condena en su residencia en San José 1.111. Su defensa ha solicitado la revisión de resoluciones del Tribunal Oral Federal 2 que establecieron limitaciones en el régimen de visitas. Actualmente, solo se autorizan visitas dos veces por semana, con un máximo de tres visitantes y una duración de dos horas.

La ex mandataria ha planteado la necesidad de incluir a su cuñada, Alicia Kirchner, y a sus sobrinas, Romina y Natalia Mercado, en la lista de personas que pueden visitarla sin autorización. Además, busca que el ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena, tenga el mismo acceso.

Otro aspecto controversial es el acceso a la terraza del edificio, que actualmente se limita a dos horas diarias. Cristina Kirchner, tras ser dada de alta por apendicitis, ha solicitado que se elimine esta restricción de horarios por razones de salud.

Las apelaciones realizadas en diciembre habían impulsado a Kirchner a solicitar la habilitación de la feria judicial en enero, la cual fue desestimada con base en la acordada 7 de 2009 del mismo tribunal. Este documento establece que solo se considera habilitar la feria en casos que involucran la libertad o en situaciones de urgente necesidad, criterios que, según Ledesma y Yacobucci, no fueron cumplidos.

El juez Borinsky, en su voto particular, consideró que los asuntos abordados afectan directamente las condiciones de detención de una persona bajo pena de prisión, cumpliendo así con los requisitos establecidos en la acordada.