Desarrolladores inmobiliarios han presentado una denuncia penal contra el intendente radical Miguel Ángel Lunghi y su equipo, señalando un presunto bloqueo ilegal que obstaculiza su proyecto. La situación ha generado un cisma en la comunidad, y la sensación de desconfianza entre los inversores se intensifica.

Denuncias Gravisimas y Acusaciones

Los denunciantes, Juan Pedro Martín Burs, Roberto Gastón Giove y Jorge Heter, no escatiman en palabras fuertes. Aseguran que existe un «plan criminal organizado» desde la cúpula del Ejecutivo Municipal. En su denuncia, enumeran delitos como «defraudación a la administración pública, abuso de autoridad y tráfico de influencias», creando un ambiente de alerta en la opinión pública.

Detalles del Conflicto: El Proyecto «Chacra 274»

El epicentro de la polémica se encuentra en 250 parcelas de terrenos conocidos como «Chacra 274». Este campo fue subdividido en 1947, lo que se convierte en un punto crucial en la discusión, ya que la legislación provincial de ordenamiento territorial se aprobó solo en 1977.

El Surgimiento del Proyecto «Miradores de Monte Cristo»

El conflicto comenzó a agudizarse cuando los inversores intentaron avanzar con el desarrollo «Miradores de Monte Cristo». A partir de entonces, todas las autorizaciones técnicas fueron denegadas, y los documentos del expediente comenzaron a desaparecer, levantando serias sospechas sobre la transparencia administrativa.

La Intriga de la Ocupación Ilegal

Los desarrolladores alegan que al acceder a la propiedad hallaron una vivienda precaria ocupada por Juan Miguel Ramírez, quien, al ser consultado sobre su presencia, redirigió la conversación hacia el empresario Luis Cerone. Este último supuestamente exigió una suma de quinientos mil dólares para desocupar el terreno, lo que añade más capas de complicación a un conflicto ya tenso.

Respuestas de la Administración Municipal

El secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, defendió las decisiones administrativas, argumentando que el proyecto no avanza porque el terreno se encuentra en una zona considerada «rural no urbanizable». Asegura que la normativa vigente es la razón detrás de la paralización y no un asunto personal. Lafosse refuerza que se trata de una legislación municipal con validación provincial que atiende a las características del terreno.

Las Declaraciones del Intendente

En un diálogo reciente en la radio local, Lunghi admitió haber solicitado medidas cautelares para frenar el avance del proyecto. Sin embargo, los denunciantes consideran que esta declaración es particularmente grave, puesto que alegan que tal medida nunca fue presentada ni notificada a ellos.

Así, el escenario en Tandil se intensifica, y la atención de la sociedad se centra en la resolución de este escándalo que pone en jaque tanto la credibilidad del gobierno local como las esperanzas de inversión en la región.