El gobierno provincial ha hecho oficial la cesantía de una licenciada en Trabajo Social que realizó funciones reservadas a médicos, resultando en una sanción disciplinaria severa tras un sumario administrativo que reveló irregularidades graves en su accionar.

Irregularidades en el Servicio de Salud Mental

La investigación se inició tras un informe alarmante de la dirección del hospital que señalaba prácticas inusuales en el área de salud mental. La trabajadora, C.A.R., fue acusada de llevar a cabo atención directa de pacientes, prescribir internaciones y manipular medicación psiquiátrica sin tener la habilitación correspondiente.

Las denuncias provinieron tanto de compañeros del personal médico como de un órgano de revisión que detectó fallos serios en el funcionamiento del servicio, sugiriendo la necesidad de cambios inmediatos.

Prescripciones Problemáticas

Los informes del Programa Federal Incluir Salud revelaron una serie de rechazos en las recetas de medicamentos psiquiátricos, evidenciando inconsistencias graves que incluían firmas fraudulentas y datos incorrectos.

La responsable de la farmacia del hospital también informó sobre la falta de recetas válidas al solicitar psicofármacos, un acto que contradice los estándares de práctica profesional. Además, se confirmó que la licenciada no estaba registrada como psicóloga, a pesar de que algunos pacientes la identificaron como “Licenciada en Psicoanálisis”, un término no reconocido legalmente.

Un Proceso Administrativo y Penal en Curso

Ante las evidencias recolectadas, se abrió un sumario administrativo por orden de la Subsecretaría de Red de Servicios de Salud. A pesar de recibir notificaciones, la trabajadora no se presentó a declarar ni ofreció defensa alguna.

Paralelamente, se ha iniciado un proceso penal en la Fiscalía de Investigaciones de General San Martín para dilucidar si las acciones de la licenciada constituyen delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones en el ámbito sanitario.

Decisión del Gobierno Provincial

Tras examinar la documentación disponible, la Asesoría General del Gobierno recomendó la cesantía, validando la falta grave de la trabajadora al desempeñar roles no autorizados. El decreto emitido indica que sus acciones violaron normas éticas y del Estatuto del Personal de la Administración Pública.

La medida se implementará inmediatamente, asegurando la desvinculación permanente de la trabajadora del servicio público. Además, la investigación judicial sigue en su fase preparatoria, con la Justicia a cargo de determinar las posibles implicaciones penales de estos actos inapropiados.