La causa ANDIS ha tomado un rumbo crítico a raíz de audios reveladores que implican a su exdirector, Diego Spagnuolo. En estas grabaciones se mencionan prácticas de recaudación ilegal y a importantes figuras como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, con referencia a un supuesto esquema de coimas del 3%. «Lule me lo puso a Garbellini para chorear», se escucha en uno de los audios, refiriéndose a Daniel Garbellini, responsable de compras de medicamentos en la ANDIS.

Nuevas Indagatorias y Avances Judiciales

El juez federal, Ariel Lijo, debe decidir si acepta las 29 nuevas indagatorias solicitadas por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. Entre los implicados, Spagnuolo enfrenta cargos de cohecho, fraude y negociaciones incompatibles con su función pública. Junto a él, Garbellini y el lobista Miguel Ángel Calvete también están en la mira, este último acusado de manejar adjudicaciones para beneficiar sus propias empresas.

Un Esquema de Corrupción a Gran Escala

Los fiscales han documentado pruebas que indican un sistema de contratación direccionada entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, que habría costado al Estado más de 75 mil millones de pesos. Los insumos involucrados incluyen prótesis y otros elementos esenciales para personas con discapacidad. Esta operación, según el expediente, implicó un riguroso direccionamiento que beneficiaba a un grupo selecto de proveedores.

Audios y Recibos que Revelan Maniobras Ilegales

Adiciones recientes al expediente incluyen audios en los que se coordina la estrategia de encubrimiento. En uno de ellos, Pablo Atchabahian alerta sobre la necesidad de «cerrar filas» ante la exposición de la trama. Otros mensajes, como el de Claudio Kahn, evidencian la mencionada dificultad para regularizar pagos, lo que sugiere un elaborado mecanismo de evasión.

Amplias Indagatorias en el Horizonte

Además de Spagnuolo y Calvete, el fiscal ha solicitado que varios otros individuos sean llamados a declarar, lo que ha llevado a la implicación de familias enteras en la gestión de proveedurías de insumos médicos a precios exorbitantes. Con más de 30 empresas involucradas, la magnitud de la corrupción en este caso se vislumbra colosal.

Con el avance de la investigación, el juez Lijo debe considerar la posibilidad de una inhibición general de bienes para todos los acusados, alrededor de un notable entramado de corrupción que sigue destapando sus tentáculos en el gobierno.