Controversia en la Legislación Argentina: La ONG Integridad Republicana Cuestiona el Nuevo DNU sobre la Ley de Inteligencia
La reciente modificación de la Ley de Inteligencia Nacional por parte del Gobierno argentino ha despertado fuertes críticas de diversas organizaciones. El comunicado emitido por Integridad Republicana pone de manifiesto su rechazo contundente a este cambio.
La ONG Integridad Republicana ha expresado su desacuerdo con el DNU 941, un decreto que altera la Ley de Inteligencia Nacional. Esta norma, publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero, tiene como objetivo otorgar más poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado, conocida como SIDE.
Nuevas Facultades para la SIDE
Según el decreto, la SIDE, bajo la dirección de Santiago Caputo, se convierte en el órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional. Uno de los puntos controversiales es la autorización para proceder a la “aprehensión de personas” y la clasificación como “encubiertas” de todas las actividades de inteligencia.
Una Acción Que Genera Críticas
El comunicado de la ONG señala que “El Decreto 941/25 es manifiestamente inconstitucional. No se presentan las circunstancias excepcionales que la Constitución exige para que el Poder Ejecutivo pueda emitir disposiciones de carácter legislativo».
Urgencia Cuestionada
Integridad Republicana también remarca que “no ha ocurrido ninguna catástrofe que impida la reunión del Congreso” y que no existe una justificación válida para recurrir a un mecanismo extraordinario, dado que el presidente tiene la opción de convocar sesiones extraordinarias.
Detenciones y Espionaje: Un Tema Delicado
La organización advierte que “el contenido del decreto es sumamente cuestionable, ya que habilita la detención de ciudadanos por razones vagas y confusas. Además, permite el espionaje interno y la interceptación de comunicaciones privadas, lo que va en contra de los valores democráticos”.
Demandas de Control Parlamentario
Instan al Congreso Nacional a rechazar este «ejercicio abusivo» de poder. «El DNU 941/25 debe ser tratado urgentemente en la Comisión Permanente de Trámite Legislativo”, concluye el comunicado, destacando que el Gobierno tiene un plazo de diez días hábiles para comunicar el decreto a la Cámara Legislativa.
Integridad Republicana, conformada por un destacado grupo de profesionales, continúa abogando por un control más riguroso y transparente en la legislación de inteligencia.
