La Justicia Avala a la Ministra Sandra Pettovello en Caso de Mega Transferencia para Comedores Comunitarios
La Cámara Federal ha ratificado la decisión de archivar la denuncia contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la utilización de 14 mil millones de pesos destinados a la compra de alimentos para comedores comunitarios, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Confirmación Judicial: Sin Irregularidades en la Gestión de Fondos
Fuentes judiciales confirmaron que los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi no encontraron pruebas de irregularidades en la transferencia de fondos autorizada por Pettovello, ocurrida en 2024. Esta operación, parte del «Proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo», tenía como objetivo fortalecer la seguridad alimentaria en comunidades vulnerables.
El Origen de la Denuncia
La controversia surgió cuando se alegó que la transferencia superaba el límite legal que la ministra podía autorizar por sí sola, fijado en 2.700 millones de pesos. Este límite está establecido en la ley de Administración Financiera y en el decreto correspondiente, que exige aprobación de la Jefatura de Gabinete para sumas mayores.
Desestimación de la Causa
Las investigaciones iniciales llevaron al archivo de la denuncia, concluyendo que se habían respetado todos los mecanismos de control, sin evidenciar desviaciones de los fines públicos ni beneficios personales. La Fiscalía, sin embargo, apeló esta decisión, argumentando que aún había pruebas por recabar.
Veredicto de la Cámara Federal
Al revisar el caso, la Cámara Federal reafirmó el archivo de la denuncia, señalando que la transferencia se realizaba conforme a los lineamientos previstos por el programa. El juez Llorens destacó que no existían evidencias que justifiquen una investigación más profunda, ofreciendo así un respaldo a la gestión de Pettovello.
Transparencia en el Uso de Fondos Públicos
Los jueces Bruglia y Bertuzzi coincidieron en que los elementos probatorios eran suficientes para afirmar que no hubo irregularidades. Además, enfatizaron que no existió ninguna desviación de la finalidad pública, protegiendo así la integridad del manejo de fondos estatales.
