Provincias se Unen para Rechazar Artículo Controversial de la Ley de Modernización Laboral
En Buenos Aires, autoridades de siete provincias firmaron una carta de intención que cuestiona un artículo clave del proyecto de Ley de Modernización Laboral, abordando preocupaciones sobre la centralización de la registración laboral.
En un evento realizado en la Casa de la Provincia de La Pampa, representantes de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego manifestaron su rechazo al artículo 20 de la Ley de Modernización Laboral. Este artículo propone que la registración laboral sea gestionada por un organismo nacional de carácter tributario.
Implicaciones de la Centralización
Las provincias argumentan que esta medida mina sus Facultades históricas de fiscalización y control que, según ellos, no deberían ser delegadas al gobierno federal. A pesar de que el proyecto busca simplificar trámites y reducir cargas administrativas, muchos creen que limitará su capacidad de supervisar el ámbito laboral a nivel local.
Citas Legales y Doctrina Judicial
En el texto de la carta, las provincias evocan el artículo 121 de la Constitución Nacional, que resalta que las competencias no delegadas deben permanecer en manos locales. Además, citan doctrina de la Corte Suprema para respaldar su postura, indicando que el poder de policía laboral forma parte de estas atribuciones.
Propuestas y Estrategias a Futuro
Como respuesta al avance de esta ley, las provincias acuerdan trabajar en la creación de normativas propias y en sistemas digitales de registro que les permitan mantener el control sobre las relaciones laborales dentro de sus límites. Asimismo, no descartan la posibilidad de acciones legislativas o judiciales si consideran que la implementación de la ley vulnera sus derechos.
El Debate Político se Intensifica
A pesar de la defensa del Gobierno nacional de que la reforma busca modernizar el sistema laboral, el debate sobre el federalismo y el control del empleo está en el centro de la discusión política. El próximo tratamiento de esta ley en Diputados será decisivo para definir si se avanza en el conflicto institucional a través de medios judiciales o parlamentarios.
