Ubicado en el departamento de Famaillá, el ingenio La Fronterita se transformó en un símbolo de la complicidad civil durante la última dictadura militar. Durante el Operativo Independencia en 1975, el Ejército utilizó sus instalaciones como un centro clandestino de detención, muy cerca de la residencia del administrador Jorge Alberto Figueroa Minetti. La estructura de la fábrica no solo albergó a los militares, sino que también se convirtió en un eslabón en la maquinaria del terror que operó en el país.

Un Juicio Postergado: La Búsqueda de Justicia en Suspenso

La investigación sobre la responsabilidad de los administradores de La Fronterita lleva más de una década en curso, siendo pionera en Tucumán en abordar la complicidad empresarial en el terrorismo de Estado. Recientemente, estaba programado un juicio contra Figueroa Minetti y Eduardo Buttori, por crímenes de lesa humanidad contra 68 víctimas. Sin embargo, apenas un día antes del inicio, se decidió suspender el debate debido a la solicitud de una nueva evaluación médica de Figueroa Minetti. Esto ha dejado la fecha de inicio del juicio completamente incierta.

Las Consecuencias de la Impunidad

Desde Andhes, un organismo de derechos humanos, se expresó la preocupación ante esta nueva demora, advirtiendo que podría llevar a la impunidad biológica, un fenómeno derivado de las ineficiencias del sistema judicial argentino en la lucha por verdad y justicia. De los seis empresarios inicialmente imputados, tres ya han fallecido y uno fue descartado por razones de salud.

Una Investigación que Divide a la Opinión Pública

La investigación, que comenzó en 2015, ganó impulso tras testimonios de sobrevivientes durante el juicio por el Operativo Independencia. A medida que avanzaba, en 2018 se realizó la indagatoria de cuatro directivos que formaron parte del directorio entre 1975 y 1978, y en 2021 fueron procesados por su implicación. El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) reveló que a sólo 300 metros de La Fronterita existía una edificación conocida como “Los conventillos”, que también fue utilizada como centro clandestino.

Colaboración Directa con el Terrorismo de Estado

Testimonios y documentos indican que los antiguos directivos de La Fronterita no solo prestaron locales a las fuerzas armadas, sino que además facilitaron logística y colaboraron con la inteligencia militar, entregando información sobre los trabajadores. Todo esto en un contexto donde la represión y el miedo reinaban en el ambiente, especialmente en áreas cercanas, como la Escuelita de Famaillá, el primer centro clandestino del país.

De acuerdo a Rodrigo N. Scrocchi y Sebastián L. Pisarello, el control ejercido por el Ejército no solo era parte de una estrategia de seguridad, sino también un método para sembrar terror entre los trabajadores y sus familias en los alrededores del ingenio.