Garlinghouse señaló en una reciente entrevista que la probabilidad de aprobación de la Clarity Act es del 90%, destacando que el estancamiento político en el Senado está dejando paso a un momento de negociación activa. Este proceso se enmarca en un contexto donde la Casa Blanca ha fijado un plazo límite para el 1 de marzo para resolver puntos sensibles, especialmente en lo relativo a las stablecoins.

Contexto de la Clarity Act y sus implicaciones

Esta ley fue validada en la Cámara de Representantes en julio de 2025, con un respaldo bipartidista rotundo, pero quedó estancada en el Senado debido a disputas complejas. Garlinghouse enfatiza que las recientes reuniones entre líderes bancarios y ejecutivos de criptomonedas han influido positivamente en el debate, inyectando un dinamismo necesario que podría impulsar decisiones regulatorias esperadas por largo tiempo.

El CEO de Ripple argumentó que el sector no puede seguir operando bajo una supervisión punitiva y que es fundamental establecer normas claras que proporcionen un marco jurídico estable, atractivo para las inversiones institucionales.

Cooperación entre entidades regulatorias

El presidente de la SEC, Paul Atkins, confirmó que el organismo colabora estrechamente con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en el «Proyecto Crypto». Este esfuerzo busca dejar atrás el enfoque de regulación basado en un modelo reactivo y desarrollar un marco estructurado que eluda las superposiciones regulatorias entre agencias.

La confianza de Garlinghouse en la aprobación de la Clarity Act es notablemente superior al 78% que pronostican los mercados de predicción para finales de año, lo que refleja una creciente confianza en el sector corporativo. Aunque hay resistencias respecto a los incentivos de rendimiento en las stablecoins, el CEO mantiene que la necesidad de salvaguardas federales prevalecerá.

Impacto esperado en el ecosistema cripto

Para los inversores en XRP, la aprobación de la Clarity Act representaría una oportunidad monumental para facilitar la adopción institucional en el ámbito financiero estadounidense. A pesar de que Ripple ya obtuvo un fallo legal favorable que confirmó que XRP no es un valor, el marco legislativo consolidaría este estatus, eliminando la incertidumbre regulatoria.

Garlinghouse subrayó el creciente interés de empresas en stablecoins y soluciones para pagos internacionales, que buscan garantías federales claras antes de realizar inversiones significativas. Mientras tanto, Ripple se mantiene activa, invirtiendo 3.000 millones de dólares en adquisiciones desde 2023 para potenciar su capacidad de gestión y custodia.

Si se concreta la aprobación en abril, se prevé que esto provoque un movimiento de capital hacia tokens consolidados con fundamentos normativos sólidos. La legislación podría actuar como un catalizador para un resurgimiento global del mercado cripto, impulsando la adopción institucional y estableciendo bases regulatorias claras para el sector.