Absolución para exdirector de Trabajo de Andalucía en caso de ayudas irregulares
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, ha sido eximido de responsabilidad en un nuevo giro en el caso de las ayudas a la empresa Instaladora Moderna de Electricidad S.L.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una sentencia en la que se absuelve a Rivera, alegando que no se probó su conocimiento sobre las irregularidades en la concesión de estas ayudas. Esta decisión se suma a las anteriores resoluciones judiciales vinculadas a este caso emblemático.
Detalles del fallo judicial
El tribunal determinó que ni Rivera ni el representante legal de la empresa, José Manuel P.S., incurrieron en delitos como malversación de fondos públicos, prevaricación o falsedad documental. Este veredicto es parte de un procedimiento separado del conocido caso de los ERE.
En la sentencia, que puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Supremo, se señaló que Rivera había iniciado en 2010 una investigación interna sobre la concesión de ayudas. Esto, según los magistrados, demuestra su intención de corregir cualquier error en el proceso administrativo.
Las acusaciones y su contexto
Durante el juicio, la Fiscalía presentó acusaciones severas contra Rivera, pidiendo una pena de tres años y más de dos años de inhabilitación, además de una multa de 1.800 euros. A su vez, el representante legal de la empresa enfrentó acusaciones similares, que incluían solicitudes de prisión y severas sanciones administrativas.
El Partido Popular también se sumó a las acusaciones, solicitando penas adicionales para ambas partes. Sin embargo, el tribunal concluyó que las acusaciones de prevaricación y malversación no eran válidas en este caso específico, dado que las irregularidades no eran atribuibles a las acciones de Rivera.
Una mirada a las irregularidades
Aunque el tribunal aceptó que existieron «serias y graves irregularidades» en la concesión de ayudas, argumentó que no es suficiente para imputar delitos. La sentencia explicó que las acciones de Rivera estaban alineadas con un interés público, resaltando que se trataba de ayuda destinada a los trabajadores de la empresa.
Los magistrados subrayaron que las ayudas se otorgaron en el marco de un programa diseñado para proteger el empleo y no se efectuaron en beneficio de personas ajenas a la plantilla. Todo ello sostiene la premisa de que las ayudas eran necesarias y válidas según las leyes presupuestarias vigentes.
¿Qué sigue para el caso del ERE?
Con esta reciente absolución, el número de sentencias emitidas en el contexto del caso de los ERE se eleva a veintiocho. La Audiencia Provincial continúa desentrañando un entramado judicial complejo que ha sacudido a la política andaluza, y se espera que más decisiones sigan redefiniendo la narrativa de este escándalo.
A medida que el caso avanza, tanto la Fiscalía como otros actores políticos se preparan para responder a la decisión judicial, lo que podría llevar a nuevas apelaciones y discusiones legales en torno a estas polémicas ayudas.
