El Gobierno Argentino oficializó este jueves la nominación de Alejandro Horacio Ramírez como nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), en un momento marcado por cambios significativos tras la dimisión de Daniel Roque Vítolo.

De acuerdo al Decreto 144/2026 publicado en el Boletín Oficial, ambos cambios se hicieron efectivos desde el 6 de marzo, fecha en la que Vítolo presentó su renuncia mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei. En su misiva, Vítolo mencionó que su decisión fue a raíz de una solicitud para que se apartara de su cargo.

“Acepto esta decisión con orgullo y serenidad, sabiendo que he cumplido con mi deber”, expresó Vítolo tras su renuncia.

La dimisión se dio poco después de que Juan Bautista Mahiques anunciara que había solicitado la renuncia de «todos los funcionarios políticos», incluyendo al entonces titular de la IGJ, quien estaba llevando a cabo investigaciones sobre la AFA.

El nombramiento de Ramírez, anticipado por el nuevo ministro de Justicia Mahiques, forma parte de una serie de cambios en el organismo tras su arribo.

Alejandro Ramírez es un abogado con experiencia en el ámbito futbolístico, habiendo litigado anteriormente contra la AFA en un caso relacionado con la venta de relojes de lujo tras la consagración de la selección nacional como campeona del mundo. Este aspecto es relevante, dado que Vítolo había estado investigando posibles actos de corrupción dentro de la entidad rectora del fútbol argentino, incluyendo la solicitud de veedores debido a irregularidades detectadas.

Un dirigente vinculado al entorno de los hermanos Milei comentó: «Es cierto que denunció a la AFA, pero también es un hombre del fútbol”.

Mahiques describió a Ramírez como una persona “preparada, idónea y de su confianza”. Además, Ramírez había interpuesto un amparo de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) cuando hubo cambios en las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) bajo el Gobierno de Milei.

La IGJ, que forma parte de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia, tiene la responsabilidad de fiscalizar sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones, así como intervenir en procesos de registración societaria. Este decreto se limita a cambios en la conducción, sin alterar las competencias o la estructura del organismo.