En una sorprendente transmisión con su gabinete, el mandatario anunció la eliminación de subsidios a los combustibles y una modificación en el régimen cambiario, marcando así un cambio significativo tras más de dos décadas de economía socialista. Esta iniciativa busca estabilizar las finances públicas en un contexto de inflación que supera el 20%.

Medidas Drásticas y sus Consecuencias

Las nuevas regulaciones generaron un impactante aumento de 86% en el precio de la gasolina y más de 160% en el diésel, siendo estos los ajustes más abruptos en décadas. Estas tarifas permanecerán vigentes por un período de seis meses antes de ser revisadas.

Reacciones Inmediatas

En La Paz, muchas estaciones de servicio suspendieron sus ventas mientras los conductores se apresuraban a llenar sus tanques con el combustible subsidiado, según informan medios locales.

Desafíos Económicos Persistentes

La política de subsidios había convertido a Bolivia en uno de los países con combustible más barato de la región. Sin embargo, la disminución en la producción de gas natural ha afectado gravemente las reservas internacionales, ocasionando escasez de combustible y de divisas, lo cual ha lastrado todavía más la economía nacional.

Protección Social y Aumento de Salarios

A pesar de los recortes, Paz destacó que estas reformas irán acompañadas de medidas de protección social. Para el próximo año, se prevé un incremento del 20% en el salario mínimo, que alcanzará los 3.300 bolivianos (aproximadamente US$479).

Asimismo, se aumentará la Renta Dignidad, que beneficia a adultos mayores sin pensiones, así como un bono escolar para estudiantes, ambos con un incremento del 50%.

Iniciativas para Estabilizar la Economía

El gobierno también ha lanzado un programa extraordinario de transferencias monetarias dirigido a las familias más vulnerables, enfatizando que no se trata de asistencialismo, sino de apoyo a quienes han sufrido las consecuencias de decisiones tomadas por administraciones anteriores.

Regulación Financiera y Cambios Cambiarios

Un decreto complementario autoriza al banco central a implementar un “nuevo régimen cambiario”, que podría poner fin al tipo de cambio fijo vigente desde 2011, el cual establecía el boliviano en 6,96 por dólar, en contraposición a casi 10 bolivianos en el mercado paralelo.

Además, se creó un programa para proteger inversiones nacionales y extranjeras, ofreciendo estabilidad jurídica y fiscal por hasta 15 años, lo que incluye garantías contra futuros cambios regulatorios sin el consentimiento del inversionista.