Burford Global, firmante del laudo de 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF, llevará adelante una solicitud ante la jueza Loretta Preska. En esta demanda, se pedirá que se declare a Argentina en desacato y se impongan sanciones financieras por el presunto incumplimiento de una orden judicial sobre la entrega de comunicaciones de WhatsApp de funcionarios públicos.

Hasta el 12 de enero, cuatro de diez funcionarios habían cumplido con la medida, según el análisis del experto Sebastián Maril. Esto pone a la administración argentina en una situación delicada, ya que la falta de cooperación total podría tener repercusiones legales significativas.

La Estrategia Argentina Frente a las Acusaciones

El gobierno argentino tiene previsto presentar su defensa el 19 de febrero, buscando desacreditar las acusaciones de Burford Global ante la corte neoyorquina.

Declaraciones de la Procuración del Tesoro

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, se afirma que Argentina está cumpliendo con todas las decisiones judiciales vigentes. Según sus declaraciones, han realizado entregas parciales de la información solicitada, además de colaborar activamente para obtener el consentimiento de los funcionarios y exfuncionarios involucrados. Destacan que la gran mayoría ha ofrecido su colaboración de manera voluntaria, a pesar de las dificultades que pueda presentar el proceso.