El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró los lineamientos de la futura Ley de Inocencia Fiscal, también conocida como Blanqueo de Dólares del Colchón. Esta iniciativa surge como respuesta a las inquietudes de contadores y asesores que alertaron sobre el impacto negativo de las multas elevadas en pequeñas y medianas empresas (pymes) y monotributistas.

Según datos reveladores, los ahorros en dólares fuera del sistema bancario en el país han aumentado más de 100.000 millones de dólares en la última década, alcanzando cerca del 40% del PIB, lo que equivale a 260.000 millones de dólares. Este fenómeno refleja el deseo de la gente de conservar su dinero lejos de los controles fiscales, impulsado por años de inestabilidad económica.

Aspectos Fundamentales de la Ley de Inocencia Fiscal

La Ley, ya aprobada en la Cámara de Diputados y en plena discusión en el Senado, tiene como objetivos centrales:

– Simplificar el sistema tributario.

– Reducir la litigiosidad.

– Limitar sanciones penales por errores menores, siempre que no haya intención de evasión.

Nuevas Definiciones sobre Evasión Fiscal

Un cambio significativo en la ley es el nuevo umbral para clasificar la evasión fiscal. Ahora, se considerará evasión a partir de $100 millones. Las cifras de evasión agravada, que solían ser mucho menores, han aumentado a $1.000 millones, aumentando así el umbral para que se realicen acciones penales.

Inclusión de Más Incentivos para el Cumplimiento

La reforma también promueve el cumplimiento voluntario: si un contribuyente regulariza su situación antes de que exista una denuncia penal, no habrá acción legal en su contra. Esto ofrece una garantía jurídica sin precedentes para quienes se regularicen.

Reacciones del Sector Tributario

A pesar de los beneficios que promete la norma, los profesionales del área tributaria han expresado preocupación. Las nuevas multas automáticas, que incrementan de manera notable, pueden afectar significativamente a las pymes, que podrían ser penalizadas por retrasos administrativos menores.

La propuesta de Caputo también incluye modificaciones en el Régimen Penal Tributario, el Código Civil y Comercial, y el Régimen de Procedimiento Tributario, en un esfuerzo por proporcionar seguridad jurídica a los contribuyentes, asegurando que no serán perseguidos por gestiones anteriores.

El debate sobre esta ley sigue en el Congreso, y su implementación será crucial para alcanzar un equilibrio entre los controles fiscales y la necesidad de alivio para el sector privado. En un contexto de alta inflación y desafíos económicos, la confianza en el sistema fiscal se vuelve más vital que nunca.