La Asociación de Corresponsales Extranjeros alza la voz por la seguridad periodística en el Congreso
La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) manifiesta su seria preocupación por las restricciones impuestas por el Ministerio de Seguridad en relación a la labor de los periodistas en el Congreso durante la cobertura de eventos programados para mediados de febrero.
El comunicado del Ministerio de Seguridad establece limitaciones a la labor de los trabajadores de prensa en los alrededores del Congreso los días 18, 19 y 20 de febrero de 2026. ACERA señala que estas disposiciones intentan «deslindar al Estado de su rol constitucional como protector de la seguridad de los periodistas que llevan a cabo su trabajo en el espacio público».
Implicaciones de las restricciones
A través de un comunicado oficial, ACERA deja claro que cualquier limitación a la cobertura de manifestaciones, marchas o protestas en espacios públicos no solo restringe el derecho de los periodistas a informar, sino que también compromete el derecho de la sociedad a recibir información veraz y relevante.
El rol del Estado en la protección de periodistas
La asociación recordó que organismos internacionales de derechos humanos, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) y la Relatoría Especial de Naciones Unidas, han subrayado que en contextos de alta conflictividad social, es responsabilidad del Estado ofrecer el mayor nivel de protección a los periodistas.
Rechazo a las medidas intimidatorias
ACERA adoptó una postura firme, rechazando los términos del comunicado del Ministerio, argumentando que estas medidas generan un efecto intimidatorio sobre la labor periodística y desatienden la responsabilidad del Estado de proteger a los reporteros durante manifestaciones públicas. Además, la asociación advirtió que las disposiciones trasladan la carga de la seguridad a los propios periodistas, eludiendo así el deber del Estado asignado por la Constitución y las leyes vigentes.
Protección del derecho a la libertad de expresión
La asociación enfatizó que salvaguardar el derecho a la libertad de expresión requiere que las autoridades implementen medidas efectivas que garanticen un entorno propicio para el ejercicio del periodismo, especialmente en eventos de gran interés público, como las protestas sociales. «Las restricciones desproporcionadas o generalizadas son una vulneración directa a estos derechos fundamentales en cualquier sistema democrático», concluyeron.
Un llamado a la reconsideración
Por último, ACERA insta al Ministerio de Seguridad a revisar y ajustar su comunicado para alinearse con los estándares constitucionales e internacionales en materia de libertad de prensa y protección de periodistas.
