Las marchas del 24 de marzo reafirmaron que la memoria colectiva de Argentina sigue viva y es un espacio de lucha. Mientras la ciudadanía se moviliza para recordar y condenar el golpe de Estado de 1976, el Gobierno opta por no condenar explícitamente la interrupción violenta de un gobierno constitucional. En cambio, lanzó un mensaje que minimiza el terrorismo de Estado y cuestiona el consenso democrático logrado desde 1983. Este contraste entre la multitud que aboga por el «Nunca Más» y un Gobierno que busca reinterpretar la historia pone de relieve la relevancia política y simbólica de esta fecha.

Un repudio diverso y multifacético

El rechazo al golpe de 1976 no es unánime, sino que incorpora diversas tradiciones. Algunos lo condenan desde una postura democrática-liberal, enfatizando la destrucción de la institucionalidad; otros lo hacen desde la lucha por los derechos humanos, centrándose en la desaparición forzada de personas y el robo de bebés. También existen quienes lo interpretan como un ataque a un proyecto político transformador. A este debate se suma la controversia sobre la violencia anterior a 1976, como las acciones de la Triple A y los enfrentamientos internos en el peronismo. Mientras algunos justifican el golpe en base a ese contexto, otros sostienen que el Estado debe asumir responsabilidades que no son aplicables a grupos insurgentes.

El peronismo en el centro de la disputa

En este contexto, el peronismo emerge como un actor clave, siendo tanto víctima de la dictadura como señalado por algunos por haber albergado facciones violentas. Desde 2003, la memoria del terrorismo de Estado se ha institucionalizado como política pública, presentando un dilema sobre qué historia se recuerda: la del peronismo como víctima, como partícipe de la violencia interna, o como promotor de políticas de memoria. Este cuestionamiento se convierte en una reflexión sobre la identidad de este movimiento.

Más que un acto simbólico: la historia en disputa

La conmemoración del 24 de marzo trasciende el ámbito de un mero acto simbólico; refleja una disputa sobre el sentido de nuestra historia reciente. A pesar de las diferencias de opiniones, hay tres puntos en los que todos los que condenan el golpe coinciden: la defensa inquebrantable de la democracia, el carácter ilegítimo del golpe y el reconocimiento de que el terrorismo de Estado fue un crimen inaceptable. La multitud que se congrega en esta fecha representa la voz del pueblo que exige que ciertos hechos no sean relativizados y que se reconozca un estándar ético desde el cual examinar nuestra historia.

Desafíos en el presente y el futuro

En medio de este intento de reescribir el pasado, el Gobierno se enfrenta a desafíos contemporáneos: problemas económicos persistentes, una inflación descontrolada y una economía informal en crecimiento. A esto se suman cuestionamientos éticos, como los casos relacionados con inconsistencias patrimoniales y la publicidad de sospechas sobre posibles conflictos de interés en la administración del Presidente.

Asimismo, el contexto actual exige a la oposición reflexionar sobre cómo construir una alternativa sólida y creíble frente a un Gobierno que fragiliza consensos fundamentales. En este cuadro, surge la pregunta sobre el futuro que se proyecta para las próximas generaciones y qué legado se les dejará.