En la Casa Rosada, se reconoce que el traspaso de los juzgados laborales de la órbita federal a la porteña dará pie a un probable proceso judicial. La reciente aprobación de esta medida en el Senado, con 42 votos a favor y 30 en contra, pone en jaque una de las reformas más ambiciosas del actual gobierno.

Desafíos Judiciales a la Vista

Altos funcionarios del oficialismo libertario han manifestado su disposición a enfrentar cualquier impugnación que surja, reafirmando que «la pelea se dará hasta la última instancia». Este compromiso indica que la reforma tendrá que sortear la revisión judicial, un hecho que abre la puerta a intensos debates legales.

Contexto del Traspaso Judicial

El acuerdo que permite el traspaso de competencias no solo tiene un peso judicial, sino también político. Si bien se trata de un pasivo histórico que la Nación mantiene con la Ciudad, aún persiste la incertidumbre sobre los posibles beneficios electorales de cara a 2027.

Según el Decreto 95/2026, firmado el 9 de febrero, la responsabilidad de suscribir este acuerdo recae en el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien además es uno de los candidatos considerados para La Libertad Avanza en la Ciudad.

Reacciones del Poder Judicial

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se reunió recientemente con figuras como Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, expresando su preocupación ante este traspaso y sugiriendo posibles acciones judiciales.

A pesar de estas inquietudes, Karina Milei decidió continuar hacia adelante, llevando la propuesta a la media sanción en el Senado, ahora a la espera de la votación en la Cámara de Diputados.

Opiniones Encontradas

Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño, se refirió a esta transferencia como un paso hacia una «ciudad plenamente autónoma», citando un fallo de la Corte Suprema que apoya esta visión. Los planes incluyen el establecimiento de un nuevo fuero laboral que atenderá principalmente demandas individuales de trabajadores.

Futuro del Fuero Laboral

Desde el Gobierno de la Ciudad aseguran que la implementación se acompañará con recursos adecuados y que es necesario un cambio estructural para poder implementar una reforma laboral moderna. Sin embargo, algunas voces críticas sugieren que esto podría llevar al cierre total de los juzgados nacionales de trabajo, lo que generaría una intensa polémica.

Las próximas semanas serán cruciales para definir el rumbo de esta reforma y sus implicaciones en el sistema judicial laboral argentino. La atención está centrada en cómo evolucionará este proceso y las posibles respuestas que recibirán desde el sistema judicial.