Escándalo en Cafayate: Imputan a la dueña de un predio por la polémica boda en la Quebrada de las Conchas
La fiscal penal de Salta ha tomado cartas en el asunto tras la controvertida celebración de un matrimonio en un entorno protegido, lo que ha generado un fuerte revuelo en las redes sociales y la opinión pública.
La propietaria del predio donde el 23 de marzo se llevó a cabo la boda de Nicole Pocovi y Federico Maran, en la impactante Quebrada de las Conchas, ha sido imputada por la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas. Aunque no se reveló su identidad, se confirmó la acusación por la presunta falsificación de documentos necesarios para el evento, lo que abrió un debate en torno a la protección de espacios naturales en la región.
Detalles de la imputación y las irregularidades
La fiscalía inició una investigación al detectar irregularidades en la autorización presentada para celebrar la boda en este sitio protegido. Según la información proporcionada por fuentes oficiales, la mujer, de 36 años, enfrenta cargos por «falsificación de instrumento público en concurso ideal con el uso de documento falso».
La boda que generó controversia
La ceremonia, que se tornó viral en las redes sociales, fue criticada debido a su realización en un lugar que forma parte de la ruta escénica de la región. La Quebrada de las Conchas es un lugar reconocido por su belleza natural y su estatus de área protegida, lo que aumenta la gravedad de los incidentes reportados.
Denuncias por falsificación de documentos
La situación se complicó aún más cuando la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta confirmó que la autorización para llevar a cabo el evento era falsa. La normativa en vigor establece que cualquier actividad en áreas protegidas debe tener una evaluación de impacto ambiental y la debida documentación técnica, condiciones que no se habrían cumplido en este caso.
Reacciones y defensa de los implicados
A pesar de la imputación a la dueña del predio, los novios se han desvinculado de las responsabilidades legales. Pocovi, quien es hija de un conocido empresario, manifestó que habían alquilado el lugar directamente a la familia Soriano, asegurando que fue esta última quien debía gestionar los permisos necesarios.
La defensa de los novios se basa en que su contrato estipulaba que el propietario debía garantizar todas las habilitaciones necesarias, y confiaban en que el trámite había sido realizado adecuadamente. «No es común que un cliente verifique todos los permisos», dijo Pocovi en un programa de televisión.
Próximos pasos en la investigación
La fiscal Rojas ha indicado que la imputada tiene un plazo de 48 horas para presentar su declaración por escrito. La investigación se centra exclusivamente en la propietaria del predio, dejando a los novios fuera del foco por el momento. La polémica continúa, con un interés creciente en cómo se desarrollará este controvertido caso en los próximos días.
