El debate sobre la política migratoria en Estados Unidos ha dejado atrás su carácter abstracto para convertirse en una estrategia de cooperación tangible entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales. Un reciente mapa ha puesto en evidencia la magnitud del fenómeno: decenas de estados se han unido a acuerdos que permiten a policías locales actuar como colaboradores del gobierno federal en cuestiones migratorias.

Nueva Visión Migratoria Bajo el Mandato de Trump

El aumento en el número de estos acuerdos, impulsados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), marca un cambio significativo en la estrategia para gestionar la migración durante la administración del expresidente Donald Trump. Este enfoque revive un mecanismo legal de 1996, que brinda a las autoridades locales el poder de interrogar, detener y transferir personas sospechosas de estar en el país de manera irregular.

Un Incremento Acelerado en los Acuerdos

Un informe de Associated Press reveló que el número de convenios ha crecido exponencialmente, pasando de 135 en 20 estados al actual de más de 1400 acuerdos activos en 41 estados y territorios. Cerca de 800 agencias han firmado pactos de “fuerza de tarea”, lo cual permite que se realicen arrestos en la vía pública, una práctica que se había descontinuado bajo la administración de Barack Obama.

Incentivos Financieros y Presupuesto Aumentado

El ICE también está incentivando la colaboración, ofreciendo financiamiento para salarios, beneficios y hasta 7,500 dólares en equipamiento por cada oficial capacitado. A esto se suma una asignación de 100,000 dólares para vehículos destinados a las agencias que se sumen a esta iniciativa. Esta expansión ocurre en un contexto de crecimiento del presupuesto, donde una ley firmada el año pasado destinó 150,000 millones de dólares al control migratorio, incluyendo el reclutamiento de 10,000 agentes adicionales y la expansión de los centros de detención.

Variaciones en la Aceptación Estatal

No todos los estados han aceptado este nuevo modelo. Diversas jurisdicciones lideradas por el partido demócrata han comenzado a rechazar la cooperación directa con las autoridades federales. Por ejemplo, en Maryland, el gobernador Wes Moore promulgó una ley que prohíbe los acuerdos migratorios con la administración federal, obligando incluso a finalizar convenios existentes que permitían interrogar a detenidos sobre su estatus migratorio.

Resistencias y Restricciones en la Cooperación

Otras localidades, como Nuevo México y Maine, han implementado prohibiciones similares. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul está promoviendo un proyecto de ley para limitar la participación de policías locales en operaciones de inmigración. Este enfoque ha generado críticas entre algunos sheriffs, como Charles Jenkins, quien expresó que la nueva legislación pondrá en riesgo a la comunidad.

En Virginia, la gobernadora Abigail Spanberger ha decidido suspender acuerdos establecidos por administraciones anteriores, aunque ha mantenido ciertos convenios con alguaciles. A medida que estas dinámicas evolucionan, el futuro del manejo migratorio en EE.UU. sigue siendo objeto de intenso debate y cambios legislativos.