La fiscalía de las Islas Vírgenes ha presentado una demanda contra Meta, señalando que la empresa habría obtenido miles de millones de dólares de ingresos a través de publicidad engañosa en Facebook e Instagram. Según la acusación, esta estrategia habría sido permitida debido al peso que estos anuncios tenían en su modelo de negocio.

El caso fue llevado ante el tribunal superior de St. Croix y busca la imposición de sanciones civiles por presuntas infracciones a las leyes locales de protección al consumidor. En el centro de la denuncia se encuentran anuncios relacionados con estafas, apuestas ilegales y productos prohibidos.

Documentos internos de Meta sugieren que la empresa proyectaba ingresos anuales substanciales derivados de este tipo de publicidad engañosa. La fiscalía sostiene que Meta toleraba la existencia de estos anuncios y demoraba las acciones para bloquear cuentas sospechosas, permitiendo así que la publicidad fraudulenta permaneciera activa y afectara económicamente a los usuarios.

La respuesta de Meta a las acusaciones

Ante las serias denuncias, Meta ha negado rotundamente cualquier irregularidad. Un representante de la compañía destacó que están comprometidos con la lucha contra las estafas en sus plataformas y que la publicidad engañosa lesiona tanto a usuarios como a negocios legítimos.

Meta también enfatizó que ha logrado una disminución en los reportes de fraude en los últimos meses, gracias a la implementación de mejores herramientas de detección y una aplicación más rigurosa de sus políticas. Adicionalmente, han actualizado sus normativas internas para asegurar la protección de usuarios jóvenes, rechazando cualquier acusación de descuido en este aspecto.

Implicaciones de este caso para las grandes tecnológicas

Este pleito abre un debate sobre la creciente presión regulatoria que enfrentan las grandes plataformas tecnológicas. Luego de que se hicieran públicas las proyecciones de ingresos, legisladores estadounidenses han solicitado a las autoridades federales que investiguen posibles violaciones relacionadas con la protección al consumidor y el mercado de valores.

Desde las Islas Vírgenes, se plantea que la demanda podría llenar vacíos en la supervisión federal, convirtiendo al territorio en un posible punto de referencia para futuras acciones legales contra grandes empresas tecnológicas por publicidad engañosa.