El Trasfondo del Conflicto: ¿Trabajo Autónomo o Explotación?

La serie de desacuerdos gira en torno a la definición del vínculo laboral:

Por un lado, el Gobierno Nacional considera que los repartidores son dueños de su tiempo y herramientas, clasificándolos como «prestadores independientes«. En contraste, la provincia de Buenos Aires argumenta que están «subordinados a un algoritmo», sugiriendo que deberían ser reconocidos como empleados.

Los municipios presentan una perspectiva intermedia, abogando por reglas claras que regulen el tránsito y ofrezcan lugares seguros para los trabajadores, sin importar quién opera la aplicación.

Este cuadro de fragmentación legal ha creado un «escenario incierto», donde un repartidor en Morón se encuentra amparado por la normativa municipal, pero considerado «independiente» a nivel nacional, lo que complica aún más su situación laboral.

La Visión del Gobierno de Javier Milei

En el marco de su proyecto de Ley de Modernización Laboral, el Gobierno busca impulsar un enfoque pro-mercado. En este sentido, los repartidores y conductores de apps serían considerados «prestadores independientes«, favoreciendo su registro como microemprendedores en el Monotributo.

Esta propuesta busca legitimar la autonomía, argumentando que al no haber relación de dependencia, las empresas de plataformas no están obligadas a pagar cargas sociales, indemnizaciones o vacaciones, lo que, según esta visión, facilita la creación de empleo.

La Propuesta de Kicillof en la Provincia

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof propone un proyecto de ley en la legislatura bonaerense que contrasta con la iniciativa nacional. Su enfoque es proteccionista, buscando que los repartidores sean reconocidos como trabajadores en relación de dependencia.

Este proyecto exige que las empresas se registren y que los repartidores tengan acceso a derechos como ART, aportes jubilatorios y la posibilidad de sindicalización, lo que desafía el modelo de negocio de las plataformas.

Los Municipios y la Realidad Local: El Caso de Morón

Los municipios, como el de Morón, adoptan un enfoque pragmático. El intendente Lucas Ghi se ha enfocado en facilitar la convivencia urbana, inaugurando espacios como una «playa de descanso» para repartidores.

Esta medida busca dignificar las condiciones laborales, ofreciendo servicios que las empresas no proporcionan, como electricidad y seguridad vial, sin involucrarse directamente en el dilema sobre la naturaleza del contrato de trabajo.

Elementos Clave de la Ley de Modernización Laboral

El proyecto de ley, ya con dictamen en el Senado, busca estructurar un régimen específico para el sector de reparto, excluyendo la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Además, establece los derechos de conexión y desconexión de los repartidores, permitiéndoles trabajar para múltiples apps.

Igualmente, las empresas deben ser transparentes en la utilización de algoritmos que asignan pedidos, lo que podría afectar cómo los trabajadores aceptan o rechazan encargos.

Iniciativa Protectora de Kicillof

El «Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales» de Kicillof establece un registro provincial obligatorio y exige a las apps contratar seguros para sus repartidores. Además, incluye medidas para inspeccionar condiciones laborales y garantizar derechos básicos.

A pesar de las discrepancias en la regulación, los municipios buscan equilibrar la relación con las empresas de plataformas mientras proporcionan servicios esenciales a sus trabajadores.