El Gobierno argentino ha dado a conocer la Ley 27.804, que modifica la legislación vigente sobre glaciares desde 2010. Publicada en el Boletín Oficial, esta nueva norma introduce cambios significativos en la protección de los cuerpos de hielo y el entorno periglacial, redefiniendo cómo se llevan a cabo los inventarios y las evaluaciones ambientales.

Aspectos Clave de la Nueva Normativa

El objetivo principal de la ley sigue siendo la protección de los glaciares como «reservas estratégicas de recursos hídricos». Sin embargo, añade una interpretación que resalta el derecho a un ambiente sano presente en el artículo 41 de la Constitución Nacional, mientras que el artículo 124 reafirma el dominio de las provincias sobre los recursos naturales.

Una Nueva Definición de Protección

La Ley de Glaciares busca salvaguardar estos ecosistemas vitales, que son fundamentales para el consumo humano, la biodiversidad, la recarga de cuencas hidrográficas, la investigación científica y el turismo. Tras arduos debates en el Congreso, donde se vivieron momentos de tensión, la reforma a la ley 26.639 obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones el pasado 9 de abril.

Modificaciones Estructurales en la Protección de Glaciares

La ley redefine qué se considera «bienes de carácter público», enfatizando que deben preservarse para diversas actividades humanas como el consumo, la agricultura y la investigación. Además, establece un principio crucial: la protección ambiental debe ser interpretada de manera que se atiendan las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones venideras.

Creación y Actualización del Inventario Nacional

El Inventario Nacional de Glaciares, administrado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), seguirá existiendo, pero con una nueva disposición que incorpora el principio precautorio. Esto implica que cualquier glaciar o geoforma periglacial será considerado protegido hasta que se demuestre, mediante estudios técnicos, que no tiene funciones hídricas.

El proceso de actualización del inventario también ha sido modificado. Las autoridades deben notificar al IANIGLA sobre cualquier glaciar o geoforma que no esté en el inventario, mientras que la exclusión de aquellas que ya no cumplan funciones hídricas estará bajo evaluación.

Restricciones Clave en Actividades Económicas

El nuevo marco legal incluye un artículo que prohíbe cualquier actividad que pueda alterar de forma significativa la naturaleza de los glaciares y los ambientes periglaciales, como la explotación minera o la construcción de infraestructura, salvo ciertas excepciones estipuladas.

Evaluaciones Ambientales Rigurosas

Entre las actualizaciones más destacadas se establece que todas las actividades proyectadas deberán contar con una evaluación de impacto ambiental previa. Cuando la magnitud de la actividad lo amerite, se requerirá una evaluación ambiental estratégica. Esto asegura que se incluyan espacios de participación ciudadana según la legislación ambiental vigente.

Reestructuración de Autoridades Competentes

La ley también reconfigura la jerarquía de las autoridades encargadas de la protección de glaciares y geoformas periglaciares. Cada jurisdicción será responsable de la identificación y evaluación, mientras que la Administración de Parques Nacionales asumirá esta función en áreas protegidas bajo su cuidado.