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Rechazan solicitud de Tapia y Toviggino para cancelar indagatorias

Indagatorias en la AFA: El juez rechaza la nulidad pedida por Tapia y Toviggino

El juez Diego Amarante ha tomado una decisión que mantiene el foco en la investigación por la retención de 19.300 millones de pesos de impuestos, al rechazar la solicitud de los dirigentes de la AFA para anular sus indagatorias programadas para esta semana.

Las audiencias están en marcha y este miércoles será el turno del tesorero Pablo Toviggino, seguido por el presidente Claudio «Chiqui» Tapia el jueves. Aunque sus defensas habían argumentado la nulidad de las citaciones, el juez Amarante considera que la investigación debe continuar mientras se resuelve un pedido de sobreseimiento en la Cámara en lo Penal Económico.

Las defensas argumentan la nulidad

La defensa de Tapia, Toviggino y otros cuatro dirigentes de la AFA había insistido en que no habían cometido delito al no pagar los impuestos, alegando que existían resoluciones que impedían ejecuciones fiscales contra asociaciones sin fines de lucro. Sin embargo, el magistrado desestimó este argumento y destacó que su función le permite seguir adelante con el proceso.

Audiencias y testimonios

El proceso ya ha visto a varios testigos desfilando por los tribunales. El viernes, Gustavo Lorenzo, un alto responsable de la AFA, y este lunes, Víctor Blanco y Cristina Malaspina, presentaron sus descargos por escrito, donde arguyeron que el pago de impuestos no era competencia de sus funciones, y se negaron a responder preguntas.

El trasfondo del caso

La causa se centra en la retención indebida de aportes, cuyo monto asciende a 19.300 millones de pesos por concepto de impuestos a las Ganancias, IVA y aportes previsionales desde marzo de 2024 hasta septiembre del año pasado. La investigación surgió a raíz de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que se ha constituido como querellante en el caso.

Penas y consecuencias

El delito de retención indebida de aportes puede acarrear penas de entre dos y seis años de prisión. La legislación establece que este delito se consuma una vez que se cumple el plazo para el pago de los impuestos, incluso si posteriormente se regulariza la situación, como ha sucedido con la AFA.

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