La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo a $2.000.000 mensuales para el año 2026 ha generado un mar de críticas intensas. Esta medida, considerada por muchos como desproporcionada y poco realista en el contexto económico actual, fue implementada mediante un decreto presidencial tras un proceso fallido de concertación entre las partes.

Reacciones Fuertes ante el Anuncio

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, califica la negociación como una “burla institucional” hacia el sector productivo. Rechaza la medida al considerarla unilateral y planes populistas, afirmando que las decisiones fueron tomadas sin tener en cuenta variables técnicas y económicas cruciales.

Las preocupaciones abarcan desde la posible afectación del empleo formal hasta el encarecimiento de servicios públicos, con advertencias sobre el impacto inmediato de esta alza en sectores que dependen de tarifas indexadas al salario mínimo.

Advertencias sobre el Aumento

El gremio de empresarios destaca que, a pesar de que el aumento puede crear la ilusión de un mayor ingreso para los trabajadores, la realidad es que se enfrentan a un incremento en el costo de vida. Esto afectará especialmente a las familias más vulnerables, omitiendo el riesgo de erosión del poder adquisitivo.

Impacto en la Economía y Empleo

Proyecciones sugieren que el costo mensual total por trabajador, incluyendo obligaciones salariales, podría superar los $3.000.000. Esto conllevaría consecuencias directas en la inflación y en la generación de empleo, particularmente en pequeñas y medianas empresas, que podrían enfrentar mayores cargas financieras.

La Perspectiva de los Expertos

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, enfatiza que este decreto representa una de las mayores manifestaciones de populismo en la historia reciente del país. Cuestiona la capacidad de la sociedad para asumir los costos de tales aumentos y prevé un impacto negativo en la inflación que repercutirá en los hogares de menores ingresos.

Desafíos para las Ciudades

Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, se ha alertado sobre el incremento que la subida del salario mínimo supondrá para el transporte público. Andrés Santamaría, su presidente, explica que este aumento podría acarrear costos adicionales por pasaje que las ciudades tendrán que asumir para no perjudicar a los usuarios.

Un Escenario Empresarial Complicado

Según la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), el incremento supera ampliamente las expectativas salariales de las empresas. Una reciente encuesta reveló que las organizaciones planeaban ajustarse a un 6,2%, muy por debajo del aumento decretado.

Los expertos predicen un aumento entre el 5,7% y el 6% en la inflación para 2026, junto con una presión adicional sobre la tasa de interés. La situación plantea un reto significativo tanto para el sector empresarial como para la economía en general.