Hace menos de diez años, el Congreso Nacional mostró un claro ejemplo de consenso al aprobar, por unanimidad, una ley destinada a garantizar condiciones de vida dignas en asentamientos que habían sido completamente desamparados. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado respaldaron esta iniciativa, comprometiéndose a llevar luz, agua y cloacas a quienes más lo necesitaban.

El papel de la Secretaría de Integración Sociourbana

El resultado de ese esfuerzo combinó la acción de vecinos, organizaciones no gubernamentales y el Estado, creando un diagnóstico que reflejó la realidad de las villas y asentamientos en todo el país. Estos relevamientos no solo documentaron las condiciones precarias, sino que también calcularon el costo y el cronograma necesario para realizar obras que cambiaran vidas. La Secretaría de Integración Sociourbana surgió como respuesta a esta demanda, enfocándose en la urbanización y modernización de los espacios más vulnerables.

Una situación indignante que necesita solución

Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, haya compatriotas enfrentando condiciones de vida que parecen de otra época: caminando kilómetros para obtener agua o lidiando con la falta de saneamientos básicos. Sin embargo, las obras públicas en estas zonas no son vistas como rentables por el sector privado, lo que dificulta aún más su resolución. Lamentablemente, muchos gobernantes no priorizan estas problemáticas, dejando que sean las cooperativas y los mismos vecinos quienes tomen la iniciativa para mejorar su situación.

Logros y desafíos en el camino a la dignidad

En solo cinco años de trabajo, la Secretaría logró impactar positivamente a cientos de miles de personas, creando empleos y mejorando las condiciones de vida. Se abrieron calles, se realojaron familias y se habilitaron servicios básicos como agua, luz y gas, transformando barrios que alguna vez fueron invisibles en lugares reconocibles y utilizables, incluso en plataformas digitales como Google Maps.

La amenaza a la integración de barrios

Sin embargo, recientemente ha trascendido que el actual gobierno pretende reducir la Secretaría a un rango menor y recortar su presupuesto. A pesar de estos rumores, existe un amplio apoyo en la sociedad para continuar con el proceso de integración. La política de integración no solo se justifica en términos de derechos humanos, sino que también contribuye a la seguridad y al bienestar general de la comunidad.

Un llamado a la acción inclusiva

La transformación de un barrio desmejorado en un lugar seguro y accesible es esencial para combatir la delincuencia y fomentar el bienestar social. Las familias merecen vivir en entornos iluminados y accesibles, donde el acceso a servicios médicos y educativos sea garantizado. Si se busca mayor transparencia en cómo se llevan a cabo estas obras, es fundamental exigir responsabilidades y proponer alternativas que mantengan los empleos creados y aseguren el progreso.

No permitamos que la vorágine política apague el sentido de humanidad que hemos logrado construir. Promover la integración de villas y asentamientos es un acto de solidaridad y compromiso social.

(*) Referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)