La denuncia que investiga un posible esquema de lavado de activos vinculado a altos funcionarios de la AFA ha cobrado fuerza recientemente con el pedido de que el caso vuelva al fuero federal bajo la supervisión del juez Daniel Rafecas. Esta solicitud fue presentada por dirigentes de la Coalición Cívica, quienes inicialmente denunciaron el caso y ahora cuestionan la decisión de la Cámara Federal de trasladar la investigación al fuero penal económico.

Controversia en el Fuero Judicial

El argumento surge a raíz de la reciente resolución de la Cámara Federal, que decidió que el caso continúe en el Juzgado Penal Económico Nº 10, dirigido por Marcelo Aguinsky, en detrimento de Rafecas, justo cuando la pesquisa estaba en marcha. Los denunciantes subrayan que el delito de lavado de dinero corresponde a la Justicia federal, dada su naturaleza y alcance.

Nuevos Elementos en la Investigación

Además del cuestionamiento sobre la competencia judicial, los acusadores han ampliado su solicitud incorporando nuevos hechos y documentos. En esta ocasión, demandan la inclusión de otros funcionarios de la AFA, como Pablo Toviggino, quien es tesorero de la entidad y un colaborador cercano del presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

Descubrimientos en el Allamiento de Pilar

La nueva movida judicial sigue a los recientes allanamientos en una propiedad del barrio privado Ayres Plaza, donde las autoridades encontraron una sorprendente cantidad de vehículos de alta gama, todos registrados a nombre de una empresa sospechosa. Este procedimiento fue ordenado por Rafecas, poco antes de su apartamiento del caso.

Declaraciones de los Denunciantes

Facundo del Gaiso, uno de los denunciantes, se manifestó en su cuenta de X explicando por qué es esencial que el expediente retorne a la jurisdicción federal. “La decisión de la Cámara de apartar a Rafecas es jurídicamente equivocada y va en contra del orden normativo vigente”, afirmó.

Del Gaiso, junto a Matías Yofe, ha intentado revertir el cambio de fuero a través de un escrito presentado ante la Procuración General, enfatizando que el núcleo de la denuncia se centra en el lavado de activos, un crimen que afecta bienes de interés nacional.

Cuestionamientos al Juez Bruglia

Los denunciantes también critican la decisión del juez Leopoldo Bruglia, quien argumentó que en esta etapa solo se estaba viendo comprometido el orden económico. Bruglia dijo que la investigación debería continuar en el juzgado de lo penal económico, un razonamiento que los denunciantes consideran que limita el alcance del caso y no toma en cuenta el impacto federal del presunto lavado de dinero.

Aclaraciones sobre la Empresa y sus Propietarios

Real Central SRL, la firma propietaria de la mansión y de una significativa flota de automóviles, es uno de los focos de la investigación. Durante el allanamiento, se encontraron 52 de los 57 vehículos de lujo previamente identificados, que van desde automóviles deportivos hasta camionetas y motocicletas de gran potencia.

Los titulares de esta empresa, Luciano Pantano y Ana Conte, son investigados por ser supuestos testaferros. La sociedad fue creada en 2021 con escaso capital y un fin social relacionado a la gastronomía, pero ha mostrado resultados financieros sospechosamente positivos.

Más Causas Relacionadas con la AFA

Simultáneamente, el juez federal Luis Armella ha ordenado más de 30 allanamientos en una investigación relacionada con la entidad financiera Sur Finanzas, también conectada al presidente de la AFA. Los denunciantes creen que el entramado de sociedades evidencian un esfuerzo por encubrir el origen de los fondos.

Denuncia contra Chiqui Tapia por Apropiación Indebida de Tributos

En medio de toda esta controversia, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha hecho una grave denuncia penal contra Claudio «Chiqui» Tapia, acusándolo de apropiación indebida de tributos que suman más de 7.500 millones de pesos. Según el organismo, Tapia no depositó impuestos y contribuciones dentro del plazo legal, lo que constituye un delito bajo el Régimen Penal Tributario.