Más de 50 mil personas se inscriben para las audiencias sobre la Ley de Glaciares

El intenso interés por la modificación de esta ley, cuyo futuro se decidirá en audiencias públicas, enfrenta tensiones entre oficialismo y oposición.

Las audiencias públicas programadas para el 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados han provocado una fuerte movilización ciudadana, con más de 50 mil inscriptos que buscan expresar su opinión sobre los cambios propuestos a la Ley de Glaciares. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, genera un ambiente de desacuerdo, especialmente por parte de la oposición que reclama una mayor apertura en el proceso.

Restricciones en la participación ciudadana

A pesar del notable número de inscripciones, los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, anunciaron que solo los primeros inscriptos tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos de manera presencial el primer día y, posteriormente, a través de plataformas virtuales el segundo día. Los demás participantes deberán enviar sus ponencias de forma escrita o en video, con un límite de cinco minutos de duración.

La justificación del oficialismo

En su comunicación, los responsables mencionan que «la magnitud de las inscripciones hace imposible la exposición de todos los interesados en un tiempo razonable». Esta decisión ha sido criticada por la oposición, que ve en ella una «trampa» diseñada para limitar el debate.

Opiniones encontradas en el debate

Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica argumentó que el cambio en la modalidad de participación no se alinea con el reglamento de la Cámara, señalando que «una audiencia pública debería permitir la expresión directa de los ciudadanos, no limitarla a la entrega de videos o textos que podrían pasar desapercibidos».

La diputada Sabrina Selva, del bloque massista, también se pronunció en contra de las limitaciones impuestas, exigiendo que se extiendan los plazos para garantizar una participación efectiva y sin simulaciones.

El corazón del conflicto: el contenido de la reforma

La reforma a la Ley de Glaciares plantea cambios significativos, ya que propone proteger únicamente los glaciares que se consideren de «aporte hídrico relevante y comprobable». Esta modificación podría debilitar la protección ambiental actual que ampara todos los glaciares y el entorno periglacial, considerados reservas estratégicas de agua en el país.

Además, la nueva legislación otorgaría a las provincias mayor autoridad sobre los glaciares, un punto que el oficialismo defiende con el argumento de que la Constitución establece que las provincias son dueñas de sus recursos naturales.

Perspectivas de judicialización

Sin embargo, este enfoque ha despertado preocupaciones entre ambientalistas y juristas, quienes advierten que la reforma podría enfrentar desafíos legales por considerarse una «regresión ambiental», violando así los «presupuestos mínimos» establecidos a nivel nacional.