El colectivo Covite, que representa a víctimas del terrorismo en el País Vasco, ha expresado su descontento ante la reciente decisión del Gobierno Vasco de conceder el tercer grado a Asier García Justo, un antiguo miembro de ETA. Según Covite, este proceso no ha exigido la ruptura necesaria del recluso con los entornos vinculados a la izquierda abertzale, un requisito fundamental para acceder a este régimen penitenciario, tal como lo establece la legislación.

Polémica y críticas a la decisión del Gobierno Vasco

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha manifestado que esta concesión es un paso más en la tendencia del Gobierno a acelerar los beneficios penitenciarios otorgados a miembros de ETA, sin observar los elementos de arrepentimiento que deberían ser esenciales. Según reportes de Europa Press, Ordóñez advierte que García Justo mantiene vínculos activos con organizaciones cercanas a la izquierda abertzale, evidenciando así que el procedimiento ha ignorado los controles establecidos por la ley.

Eventos y conexiones con la izquierda abertzale

García Justo ha estado presente en eventos como la ‘Itxas Martxa’ de Plentzia, donde participan personas vinculadas a ETA que aún no han mostrado arrepentimiento. Ordóñez afirmó que estos vínculos demuestran que el sistema penitenciario vasco avanza hacia permitir la liberación de estos internos, obviando el requisito indispensable de arrepentimiento.

El papel de la legislación en la política penitenciaria

Covite ha subrayado que la actual política penitenciaria parece dirigida a normalizar el acceso a beneficios para aquellos que aún se relacionan con movimientos justificadores de la actividad terrorista, lo que pone en tela de juicio la situación de las víctimas. Según la organización, la decisión sobre García Justo se basa en un reconocimiento general del daño causado, pero este tipo de declaraciones no cumplen con los requisitos legales que exigen hechos concretos de arrepentimiento.

Requisitos y condiciones de libertad

Ordóñez recordó que, de acuerdo con el artículo 90 del Código Penal, se requieren «hechos objetivos» que demuestren un arrepentimiento genuino. Argumentó que si un recluso verdaderamente se ha desvinculado de su pasado, ello debe reflejarse en su entorno político y social. En el caso de García Justo, esta desvinculación no se evidenció.

Crítica a la inacción de la Fiscalía

Covite también ha señalado la inacción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que posee la facultad de recurrir estas decisiones. La presidenta del colectivo critica que se den validez a cartas que carecen de credibilidad y que este hecho resulta doloroso para las víctimas. Ordóñez expresa su preocupación por un proceso que, a su entender, busca culminar con las exigencias históricas de ETA.

Impacto en las víctimas del terrorismo

La organización sostiene que estas decisiones generan un sentimiento de impunidad y descontento entre las víctimas, ya que facilitan la salida de reclusos vinculados a ETA sin cumplir con legalidades establecidas. La dinámica de concesiones a reclusos en intervalos cercanos, según Covite, indica una «enorme prisa» por liberarlos sin aplicar criterios legales. Esto, a su vez, afecta las expectativas de justicia de quienes han padecido el impacto del terrorismo en España.

El pronunciamiento de Covite subraya la necesidad de que la política penitenciaria respete escrupulosamente la legislación actual y sugiere que las decisiones tomadas están reñidas con el respeto a los derechos de las víctimas del terrorismo.