La iniciativa, que se basa en una propuesta del colectivo de jubilados, establece un régimen de emergencia económica y administrativa por un período de cinco años, prorrogable bajo ciertas condiciones. El oficialismo justifica la medida como necesaria para sanear un sistema que, sin cambios, podría enfrentar un déficit de 821.000 millones de pesos en 2026.

Detalles de la reforma y sus implicancias

El proyecto contempla la restitución del 82% de jubilación para el 60% de los jubilados, apoyándose en un esquema redistributivo que varía de un 2% a un 8% de aporte personal. La diputada oficialista Nadia Fernández aseguró que este esfuerzo beneficiará a quienes más aportes realizan.

Un enfoque compensatorio

El Ejecutivo tendrá la facultad de otorgar un adicional no remunerativo a los jubilados, compensando así deducciones en sus aportes. Este modelo busca la equidad y solidaridad en el sistema, aunque ya ha generado críticas de la oposición.

Fernández se defendió ante las acusaciones opositoras, indicando que no existe un aumento del 8% en las cargas tributarias, sino una reforma que busca equilibrar el sistema y proteger a los jubilados. “Aún en los salarios más altos, el incremento real es solo del 4%”, aclaró.

Aspectos adicionales de la ley

El proyecto también otorga al gobernador la capacidad de transferir la administración de los subsistemas previsionales a entidades gremiales que lo soliciten. Además, se introduce un nuevo criterio de solidaridad en el impuesto a la viudez, aplicable solo en casos de ingresos elevados.

El papel de la deuda nacional

La ley resalta la necesidad de que la Nación salde su deuda con la Caja, exigiendo a los legisladores provinciales que gestionen los fondos necesarios en el Congreso para cumplir con un convenio de financiamiento firmado en mayo de 2025. Fernández enfatizó que esto es un mandato legal que debe ser cumplido.

Reacciones en la sesión legislativa

La votación, que tuvo lugar pasada la medianoche, fue respaldada por 38 legisladores, mientras que la oposición, compuesta por varios partidos, se manifestó en contra del proyecto. Desde la UCR, se acusó al oficialismo de usar la iniciativa popular como un pretexto para implementar medidas perjudiciales para los jubilados.

Críticas de la oposición

Los opositores destacaron que la ley no aborda el reclamo de un 82% móvil demandado por los jubilados y que perpetúa reformas que perjudican los derechos adquiridos. Diversos legisladores advirtieron que las medidas adoptadas son parches que no ofrecen soluciones duraderas al sistema previsional.

Tal como lo expresó Brenda Austin (UCR), “este proyecto no solo ignora las solicitudes legítimas de los jubilados, sino que también introduce poderes excesivos al gobernador, lo que podría comprometer aún más sus derechos”.