La administración de Javier Milei ha cerrado el año con la aprobación del Presupuesto 2026 y la promulgación de la Ley de Inocencia Fiscal. Este nuevo marco legal busca que los ahorristas argentinos puedan utilizar sus dólares guardados sin enfrentar presunciones de evasión tributaria, incluso bajo futuras administraciones.

La Controversia entre el Gobierno y los Bancos

La implementación de esta ley ha desatado tensiones entre el gobierno y las instituciones bancarias. Aunque ya en vigor, las entidades privadas esperan clarificaciones sobre su aplicación y podrían solicitar información adicional, como declaraciones juradas. Esta controversia viene precedida por cambios en los protocolos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que buscan minimizar reportes automáticos y requisitos formales para montos menores.

Caputo no ha ocultado su descontento al respecto, señalando en su cuenta de X: «Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley.»

Detalles de la Ley de Inocencia Fiscal

La nueva legislación permite que los ciudadanos depositen sus dólares en el banco y los utilicen de inmediato, para gastos o para ahorrar, con la garantía de que no enfrentarán persecuciones injustificadas por parte del fisco. Según Caputo, esto busca equiparar el sistema a como opera en cualquier parte del mundo.

El Banco Nación, bajo la dirección de Darío Wasserman, ha afirmado estar listo para cumplir con la demanda de servicios que surja de esta ley, facilitando el acceso a todas las personas interesadas.

Una Ley Histórica: Presunción de Inocencia

Uno de los pilares de la Ley de Inocencia Fiscal es la modificación en la interacción entre el fisco y los contribuyentes. Ya no se asumirá que existe un comportamiento evasivo a menos que se presente evidencia concreta de dolo. Esto implica que los ciudadanos serán considerados cumplidores por defecto.

Además, se introducen cambios en los plazos de prescripción: para aquellos que cumplen con sus obligaciones fiscales, el plazo para que el fisco pueda reclamar deudas se reducirá de cinco a solo tres años.