Campaña Nacional Contra la Tortura

Representantes del Estado y la sociedad civil lanzaron la campaña. En el acto participaron la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, la Defensora General, Stella Maris Martínez, y el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda.

Con el objetivo de visibilizar la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad en cárceles, comisarías y detenciones, representantes del Estado y la sociedad civil fueron convocados a reflexionar sobre esta problemática que «registra más de un hecho de tortura y/o malos tratos por día», según datos oficiales de la propia Defensoría General, responsable de esta convocatoria.

El lanzamiento en el Espacio Memoria y Verdad -ubicado en el ex centro clandestino de detención de la ex ESMA- fue un anticipo de lo que ocurrirá en el Congreso Internacional contra la Tortura que se llevará a cabo el 6 y 7 de junio en la Biblioteca Nacional y contará con la presencia de expertos nacionales e internacionales como el Relator Especial sobre Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez.

Durante su alocución, Gils Carbó destacó la reciente creación de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, que tiene como objetivo profundizar la erradicación de este tipo de delitos en las cárceles dependientes del Sistema Penitenciario Federal, al tiempo que indicó que la campaña tiene por objeto «unir voluntades contra este tipo de violencia y a favor de la democratización de toda la sociedad».

Por su parte, la defensora Stella Maris Martínez reflexionó que en algunos sectores de la sociedad «no hay un rechazo visceral a la tortura», y señaló en su exposición que minutos antes y en diálogo con la prensa destacaba que «es necesario concientizar a toda la población acerca de esta práctica; trabajar con los operadores judiciales, las fuerzas de seguridad y los estudiantes, tanto universitarios como secundarios».

Asimismo, Carlotto expresó que «sentimos una profunda tristeza al corroborar que declaraciones de principios tan claras, como las de las Asamblea de 1813 y otras, no han sido suficientes para terminar con la tortura en nuestro país. Estas declaraciones no impidieron que un jefe de policía inventara en los años 30 ese elemento diabólico como lo es la picana eléctrica».

Luego de destacar los avances que implicaron el enjuiciamiento a represores de la última dictadura militar, Carlotto concluyó que en el reciente encuentro judicial en la Biblioteca Nacional «decíamos que una Justicia Legítima es aquella que es capaz de garantizar eficazmente la vigencia de los derechos humanos. Aún queda mucho por hacer para abolir la tortura, pero sabemos que tenemos las herramientas, la convicción y la fuerza para lograrlo entre todos».

Fresneda, por su parte, destacó los avances impulsados desde su área en torno a la capacitación y la formación a nivel nacional de las fuerzas de seguridad para erradicar la tortura, en colaboración con el Ministerio de Seguridad; al tiempo que subrayó que «es imprescindible que autoridades nacionales, provinciales y municipales se acerquen a las fuerzas» para encontrar una solución.

La jornada incluyó también una exposición a cargo del historiador Mario O`Donnell, director del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano «Manuel Dorrego», quien abordó en profundidad los avances decretados durante la Asamblea General Constituyente de 1813, en la que se abolió la esclavitud y se suprimió jurídicamente la práctica de la tortura.