La Comisión Nacional de Regulación del Transporte sancionó a 130 empresas de micros por incumplimiento del servicio

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte sancionó a 130 empresas de micros por incumplimiento del servicio

Desde la gerencia de Fiscalización de la CNRT se informó que 130 empresas fueron infraccionadas (228 actas de infracción) por incumplimiento de servicios y no atención a los usuarios o boletería cerrada. Además, se están labrando las actas en las distintas delegaciones del organismo en todo el país.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a cargo  Ariel Franetovich, por encargo del ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, sancionó a las empresas en el paro realizado por la UTA.

Desde la gerencia de Fiscalización de la CNRT se informó que 130 empresas fueron sancionadas (228 actas de infracción) por dos motivos principales: incumplimiento de servicios y no atención a los usuarios (boletería cerrada).

En un comunicado, la CNRT informó que se están  labrando las actas en las distintas delegaciones que tiene el organismo en todo el país.

La gerencia de Calidad de la CNRT abrió un canal de recepción de denuncias para que los pasajeros afectados efectúen la devolución del pasaje.

Hasta el día de ayer, un total de 84 personas aceptaron esta propuesta, y las empresas denunciadas fueron conminadas a la devolución de los pasajes. El lunes se las notificará y en caso de no responder serán sancionadas con el pago de una multa por la suma de $7.500 por desobediencia, y de $1.500 por no devolver el pasaje.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, coincidieron en denunciar que, detrás de la continuidad  del paro de micros de larga distancia, hay presunta connivencia entre algunos dirigentes de UTA y empresarios para que se vuelva al sistema de subsidios.

Tomada fue más específico al señalar que «está claro que la UTA está de acuerdo con el sector empresario». Y que «existe una presión entre empresarios y sindicalistas» para volver al sistema de subsidios».

En diálogo con C5N destacó: «Esta situación permite que los empresarios se escuden en el paro y no otorgen el incremento de salarios y además puedan presionar al gobierno para que vuelva a los subsidios».

«¿A qué se debe este paro ahora, si la UTA ya tiene el aumento» de salarios del 23 por ciento decidido ayer por el Ministerio de Trabajo y el de Interior y Transporte, se preguntó Tomada.

El titular de la cartera laboral manifestó que «lo único que parece es que la UTA hace un doble juego, es decir, un paro sostenido en un lock out empresario» y definió la medida como «irracional e injustificada».

«Hay que cumplir con la resolución y deben ponerse en marcha los colectivos», aseguró Tomada y exhortó a las empresas a «ponerse en marcha, vayan a trabajar que este tema se arregla con el diálogo, en cualquier momento hay espacio para hablar».

Por último, el funcionario lamentó «el perjuicio para miles y miles de usuarios» de los servicios de micros de larga distancia y definió que la UTA gestiona el conflicto con «la intransigencia más absoluta».

Menos taxativo, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, señaló hoy que «no quiero pensar que hay complicidad entre empresarios y algunos dirigentes sindicales para volver al sistema de subsidios».

Y remarcó, al igual que su colega del gabinete nacional que «no se entiende que siga el paro de la UTA si el Ministerio de Trabajo y el de Interior resolvieron un aumento del 23 por ciento» de los salarios.

«Si sigue el paro hay complicidad», sostuvo el ministro y remarcó que podrían ser caducados de ser necesario los permisos de algunas empresas de transporte que hoy, a cuatro días del paro, siguen sin brindar servicios y ayer rechazaron el aumento dispuesto por el gobierno.

«El conflicto no se entiende, salvo que los dirigentes sindicales pasen a ser empresariales», consideró el ministro para reseñar que «fue dictada la conciliación obligatoria y agotados
todos los pasos: dado que no se llegó a un acuerdo se decidió otorgar el 23 por ciento requerido por la UTA».

Randazzo señaló que «el gobierno sancionó a varias empresas: hizo más de 500 actas ante la falta de transporte de larga distancia y porque a muchos pasajeros se les niega la devolución de su dinero».

Agregó que «se está jugando con miles de argentinos, quienes se vieron privados de viajar por un paro sin ningún tipo de sentido».

Por otra parte, señaló que «se dejó en claro que si hay alguna empresa en particular con dificultades tiene los mecanismos a través del Estado para resolverlos» y reiteró que «la única explicación de que siga el paro es que estén en connivencia empresarios y sindicalistas para volver a la política de subsidios».
UTA

Como una confirmación de lo denunciado por el gobierno nacional, el titular de la UTA, Roberto Fernández, expresó hoy que «no pueden pretender que el empresario (de transporte) pierda plata», en el marco del paro de micros de larga distancia que afecta a miles de pasajeros.

«No estamos en contra del gobierno, pero al sector empresario lo voy a defender porque me da trabajo», ratificó.

Fernández pidió que para que se levante el paro de micros de larga distancia, que causa graves inconvenientes desde el último jueves, que el sector empresario «brinde garantías de que se puede
cumplir con el aumento» del 23 por ciento dispuesto por los Ministerios de Trabajo e Interior y Transporte y que «no haya despidos y precarización laboral».

En esa línea, Fernández dijo que el paro  «no es un lock out patronal» porque «lo hace el gremio».

«Está bien el aumento siempre y cuando lo demás lo acepten porque sino el sector empresario lo va a recurrir al otro día. No discuto la resolución pero tiene que estar compartida», sostuvo Fernández.

Fernández dijo que las partes «se tienen que sentar aa conversar» porque «hay que saber el costo que tienen los empresarios para saber si ganan o pierden».

Además opinó que una forma de destrabar el conflicto sería «bajar impuestos» por ejemplo para «la compra de las gomas que son importadadas y valen muy caras » y que «el Estado asuma el 50 por ciento del costo de los pasajes para discapacitados».

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