Implementación de la ley de control de tabaco

Implementación de la ley de control de tabaco

La cartera nacional de Salud convocó para mañana a 13 organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil para llevar adelante la primera reunión de la Comisión Nacional de Coordinación para el Control del tabaco, tras la reglamentación de la Ley Nacional 26.687. En el encuentro se trabajará sobre la estrategia para la implementación de los artículos que alcanza la norma, entre los que se cuenta el proyecto de tramitación de denuncias e infracciones por incumplimiento de la legislación, entre otros. La convocatoria, que tendrá lugar a las 11 en la sede de la cartera sanitaria nacional, contará con la presencia de representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto; Educación; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Economía y Finanzas Públicas; la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR); la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA); la Superintendencia de Servicios de Salud; la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional del Cáncer (INC). Además, participaran las principales organizaciones de la sociedad civil dedicadas a esta temática, como la Unión Antitabáquica Argentina, la Asociación Argentina de Tabacología y la Fundación Interamericana del Corazón. La Ley Nacional de Control del Tabaco (Nº 26.687) fue reglamentada el 29 de mayo último, tras su publicación en el Boletín Oficial. Entre los puntos más destacados de la legislación se encuentran la prohibición de fumar en ambientes cerrados de uso público, la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de productos elaborados con tabaco y la colocación de advertencias sanitarias en las cajas de cigarrillos en las que se exhiben los daños del tabaquismo, entre otros. Según estimaciones del Ministerio de Salud de La Nación, la adecuada implementación de la ley podría evitar más de 10.000 muertes, 17.000 infartos y 5.000 accidentes cerebrovasculares (ACV) en la próxima década.

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