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En los últimos treinta años se han creado cárteles en las cárceles, desde donde allí operan, de Brasil. Una de las facciones más conocidas es el Primer Comando de la Capital (PCC) quien protagonizó un hecho que marcaría el devenir de la lucha contra el narco en el país vecino. En la cárcel de Manaos, tres líderes de la banda fueron degollados en 2015 y en represalia ataque contra el PCC se habría producido por la decisión del grupo narco paulista de continuar reclutando nuevos integrantes.
Lo que inició esto fue el traficante José Roberto Fernandes Barbosa, fundador de la facción criminal Familia del Norte. Su grupo aliado a nivel nacional del poderoso Comando Vermelho (CV) tiene prácticamente el monopolio del narcotráfico y el dominio sobre el sistema carcelario de Amazonas y varios otros estados del nordeste de Brasil. El negocio de CV es la exportación a Europa de cocaína colombiana y peruana.
Lo que sucedió en Manaos fue la roptura de la alianza de casi 20 años entre el PCC y el CV.
La lucha por obtener el control en zonas de narcotráfico se trasladó a Ceará y los ataques podría darse en distintas partes de Brasil. Además de enfrentamientos entre distintos bandos, se encuentra la pelea que afronta el Estado y que es todo un desafío para el flamante presidente Jair Bolsonaro.
El 1° de enero de 2019 comenzaron en Ceará, ataques a autobuses, comercios y las principales carreteras de entrada a Fortaleza, la capital del estado. Los sicarios continúan con los ataques que ya suman más de 200 y con videos amenazan con «una guerra total».
El inicio del enfrentamiento se debe al anuncio del nuevo secretario de la Administración Penitenciaria de Ceará, Luis Mauro Albuquerque, quien busca adoptar más rigor contra la entrada de celulares en las cárceles y acabar con la separación de detenidos en diferentes prisiones de acuerdo a las facciones a las que pertenecen.
El gobierno de Bolsonaro envió a 300 agentes de la Fuerza Nacional y otros 200 están en camino. Un diario local replicó las declaraciones de un comerciante de la zona, quien dijo: «Hay un clima de pánico y la gente está aterrorizada de salir. Es como si estuvieras prisionero en tu casa y aun así no estás seguro».
Renato Roseno, diputado del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), manifestó: «Esta crisis fue completamente predecible. Este es el cuarto año que hemos tenido estos ataques. Estamos sentados en un barril de pólvora y solo necesitaba que alguien encendiera la mecha. La pobreza, las prisiones medievales, la guerra contra las drogas sin ninguna planificación y la inexistencia de políticas para los jóvenes marginados hacen que Ceará sea un campo de reclutamiento fértil para las pandillas criminales».
«No se reforma el sistema carcelario desde hace 30 años. Las estadísticas nos dicen que apenas un 5% de los reclusos estudia y la reincidencia, una vez que salen, es de más del 90%», agregó.
La población carcelaria de Brasil es la tercera más grande del mundo con 700.489 personas. De éstos, más del 34 % están en prisión preventiva y Ceará tiene el récord de la mayoría de presos sin condena.
Testigos han afirmado que los cárteles pagan a las pandillas 1.000 reales (268 dólares) para quemar un autobús y 5.000 reales (1.338 dólares) por el ataque a un banco o una tienda con un incendio importante y otros grupos de las favelas incluso cambian los ataques por la deuda que tienen por el consumo de drogas.
Las fuerzas federales enviadas por el gobierno de Bolsonaro están trasladando fuera de Ceará a los capos que lideran los disturbios. Se confiscaron más de 400 celulares que habían entrado a las cárceles en forma clandestina.
El Comando Vermelho (Comando Rojo), de Río de Janeiro, perdió terreno pero sigue controlando las principales favelas de Río donde tiene como rivales a dos escisiones del propio CV, el Terceiro Comando Puro (TCP) y Amigos dos Amigos (ADA). Hoy tiene una fuerza activa de más de 50.000 sicarios repartidos por todo el país y Paraguay, así como alianzas muy fuertes con los cárteles colombianos y células en Europa.
Quien domina la frontera paraguaya-brasileña es el Primeiro Comando da Capital (PCC), liderada por «Marcola» (Marcos Willians Herba Camacho) está organizado en células y regida por un estatuto de 16 puntos al que todos los integrantes deben obedecer y pagar, al mismo tiempo, una cuota mensual de 50 reales (14 dólares) para los que están presos y de 500 reales (134 dólares) para el resto. Tiene unos 20.000 sicarios en las calles y otros 6.000 en las cárceles.
Estos grupos ahora se enfrentan a Bolsonaro y sus fuerzas, prometiendo una sangrienta lucha. Ahora el flamante presidente afrontará uno de los mayores desafíos de su gestión al lidiar contra estos sicarios.
