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Los trabajadores de juegos de azar, hipódromos, loterías provinciales y Lotería Nacional iniciaron este martes un cese de actividades por tiempo indeterminado en rechazo al tratamiento del proyecto de ley para modificar el impuesto a las Ganancias que propone gravámenes al juego y que, según denuncian desde el sector, «desencadenará en despidos».
La medida de fuerza, que incluye a bingos, casinos, actividades hípicas, loterías provinciales y juegos de quiniela y poceada de la Lotería Nacional, contempla también la realización de una multitudinaria marcha nacional que se realizará mañana por la tarde al Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados debatirá las iniciativas sobre cambios en el impuesto a las Ganancias.
«Hay muchos gobernadores preocupados por esta medida, porque con este paro sus administraciones dejarán de percibir cientos de millones de pesos que destinan al pago de salarios estatales, docentes y fuerzas de seguridad», afirmó en un comunicado Ariel Fassione, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara).
El dirigente explicó que «el sector ya paga el 60 por ciento de ingresos en impuestos, sin contar las cargas sociales, e inevitablemente cualquier nueva modificación desencadenará en despidos, y por lo tanto nos unimos a los compañeros gastronómicos, de hipódromos y agencias provinciales para parar y hacernos escuchar».
«Cuando uno va con 100 pesos a un bingo debe saber que el 60 por ciento se lo lleva directamente el Estado, a través del canon, ingresos brutos, tasas municipales y entidades de bien público, y de lo que queda se pagan salarios y los premios, con un control online minuto a minuto por parte de las Loterías», agregó.
Fassione defendió esos controles «porque todos queremos que se pague lo que corresponde y que los que hacen las cosas mal sean castigados, pero no podemos meter a todos en la misma bolsa y mucho menos intentar que el juego sea la única industria que deba hacerse cargo de arreglar los problemas económicos del país».
Por último, afirmó que si el Congreso aprueba que se imponga un nuevo impuesto por cada apuesta y además se tenga que pagar por año 40.000 pesos por cada máquina tragamonedas o receptora de apuesta de quinielas, «el resultado será el inverso al buscado, porque cerrarán salas, habrá miles de despidos y el Estado recaudará mucho menos que actualmente».
Por su parte, el secretario de Prensa de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Sebastián Martínez, informó a Télam que los trabajadores de Lotería Nacional también realizan desde esta mañana una medida de fuerza de similares características que Aleara.
Martínez sostuvo que la medida gremial consiste «en un paro por tiempo indeterminado en los sorteos de quiniela, poceada y loto, porque Lotería Nacional no quiere pagar el bono acordado entre la CGT y el Gobierno, como recomposición salarial por la pérdida del poder adquisitivo registrada por la inflación».
