Fuentes judiciales indican que los imputados han solicitado que el caso se traslade al juzgado federal de Campana, que es liderado por Adrián González Charvay. Ante esta presentación, el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, decidió posponer las declaraciones programadas para las 11 hasta que se resuelva el conflicto de jurisdicción.

El abogado de Pantano y Conte, Mariano Morán, argumenta que los activos en cuestión se localizan en Pilar, por lo que el juzgado competente debería ser el de Campana. La opinión del fiscal federal Sebastián Bringas será crucial para decidir el futuro del caso, teniendo un plazo de tres días hábiles para expedirse. Luego, Aguinsky contará con tres días más para tomar una decisión. Sin embargo, con el cierre del año judicial a la vista, González Charvay deberá considerar si procede a habilitar la feria judicial para dar continuidad al trámite.

Si el juez acepta el cambio a Campana, deberá coordinar con Aguinsky, quien podría dar su visto bueno. De lo contrario, un tribunal superior intervendrá para resolver quién mantendrá la instrucción del caso. Mientras tanto, Aguinsky sigue al mando de la investigación.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se discute la competencia del juez en este expediente. Al inicio del proceso, la denuncia presentada por la Coalición Cívica fue asignada al juez federal Daniel Rafecas, quien la remitió a la justicia penal económica. Después, la causa volvió a manos de la Cámara Federal de Comodoro Py, que finalmente determinó que debía ser manejada por el fuero correspondiente.

Aguinsky, en sus primeras actuaciones, había notificado a Pantano y Conte sobre su derecho a declarar. Sin embargo, su intento de hacerlo se vio frustrado por el pedido de cambio de juzgado, y ni siquiera llegaron a conectarse para la audiencia programada por videoconferencia.

Pantano y Conte son identificados como los propietarios de «Real Central SRL», una sociedad que posee no solo la mansión en Pilar, sino también una colección de 54 vehículos de lujo y una residencia en el barrio «Ayres Plaza de Pilar». Sin embargo, su capacidad económica para sostener tales bienes es objeto de interrogante, ya que ambos son monotributistas, con Pantano enfrentando deudas y Conte siendo jubilada con ingresos limitados.

La principal sospecha gira en torno a la posibilidad de que oculten al verdadero dueño de los activos, que se cree es Toviggino. Durante un allanamiento en la mansión, se hallaron elementos que incluyen un bolso de la AFA y una placa de Barracas Central, club cuyo presidente es Matías Tapia, hijo del titular de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Además, varios de los coches encontrados en la propiedad estaban registrados a nombre de familiares del dirigente.

Pantano tiene antecedentes como presidente de la Asociación de Futsal adscrita a la AFA y como dirigente del club Almirante Brown. Su sociedad «Real Central SRL» adquirió la mansión por 1.800.000 dólares el año pasado, transacción realizada a través de «Malte SRL», que cuenta entre sus propietarios a Mauro Paz, ex presidente de una asociación de Fútbol Femenino.

La intención de Pantano y Conte de cambiar de juez a esta altura de la investigación podría prolongar el proceso. Sin embargo, Aguinsky puede continuar con las diligencias de prueba ya autorizadas mientras se espera una resolución sobre el cambio de jurisdicción.