El Tribunal Constitucional español anuló la declaración secesionista de Cataluña

La sentencia del Alto Tribunal, fue adoptada por unanimidad y considera que la declaración secesionista atenta contra la Constitución española porque rebasa los límites de los actos políticos, al ser «capaz de producir efectos jurídicos» puesto que busca la independencia de la norteña región respecto de España, según la resolución a la que tuvo acceso Télam. La declaración impugnada “desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía», señalan los 11 jueces en su fallo. La infracción constitucional, apuntan los magistrados, no obedece a un entendimiento equivocado de lo permitido por la Carta Magna, sino a un «expreso rechazo» a la Constitución misma que se arroga de una soberanía y un poder constituyente que niega el ordenamiento jurídico del Estado. “Se trata de la afirmación de un poder que se pretende fundante de un nuevo orden político y liberado, por ello mismo, de toda atadura jurídica”, subrayan. En un tiempo récord de tres semanas, los magistrados le dieron la razón al gobierno español de Mariano Rajoy, que el 11 de noviembre último presentó un recurso de inconstitucional contra la declaración aprobada dos días antes en el Parlamento catalán por las fuerzas independentistas Junts Pel Sí y la CUP (Candidatura d’Unitat Popular). Las dos agrupaciones tienen mayoría en el Parlamento catalán desde las elecciones regionales del 27 de septiembre pasado. «Con esa decisión, el tribunal demuestra que todos los españoles somos iguales ante la ley y que nadie está por encima de ella», dijo Rajoy en una breve intervención en el Palacio de La Moncloa, en Madrid. Desde Cataluña, la vicepresidenta del gobierno catalán, Neus Munté, aseguró poco después que la sentencia del TC «no va a frenar los efectos políticos de la declaración de secesión». El TC explica que le ha dado prioridad a la resolución secesionista por la trascendencia constitucional que tiene el asunto. La decisión fue adoptada antes de que España entrara oficialmente este viernes en la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre, en las que el conflicto de Cataluña seguirá dominando el debate. De hecho, al admitir a trámite ese recurso, que implicó la suspensión automática de la declaración, el TC advirtió a 21 autoridades catalanas, entre ellos el presidente regional, Artur Mas, y la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, de las consecuencias legales y administrativas -como la inhabilitación- que se podían derivar del incumplimiento de ese mandato. Ahora no se hace ninguna mención a ello. El tribunal cita cinco artículos de la Carta Magna y del propio Estatuto de Autonomía de Catalunia -la ley de autogobierno regional- y concluye que la cámara catalana no puede «erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad». También rechaza que el intento de contraponer el mandato y la legitimidad de las urnas con el orden constitucional en detrimento de este último, argumentando que “la legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico”. En sus alegatos, presentados la semana pasada, el Parlamento catalán señaló que la declaración era de naturaleza política y que carecía de elementos para ser valorada jurídicamente. Las fuerzas secesionistas ya aseguraron que las resoluciones del TC no frenarán el proceso de secesión, que pretende ser democrático y pacífico pero que se sustenta en un claro intento de crear un nuevo marco jurídico mediante un proceso que implica «desobedecer» las leyes españolas. La decisión del Constitucional llega en plena parálisis del proceso de secesión por la negativa de la CUP a apoyar la investidura de Mas como presidente del gobierno catalán. Las negociaciones se encue