Consenso para aprobar el Fuero del Consumidor

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, informó que existe “condenso generalizado” en el Congreso para la creación del fuero del consumidor, incluido en una de las iniciativas que se debatió ayer en Parlamento, en la que participó junto al secretario de Hacienda, Augusto Costa. Los legisladores “están a favor del fuero del consumidor, de la instancia del juez administrativo, de los mecanismos de celeridad y resolución rápida, de la fijación de multas” , dijo Capitanich en la conferencia de prensa matutina en la Casa de Gobierno. En este punto afirmó que “es trascendente es el hecho de la fijación de un principio que es ‘pague y después reclame’ y advirtió que actualmente si el consumidor tiene un problema con su celular, con una prepaga o con la proveedora de un servicio de cable o de una empresa telefónica, etcétera, “la verdad es que queja y no logra el resarcimiento inmediato”. “Nosotros entendemos que el sistema de pague y después reclame es un mecanismo para garantizar que las empresas no dilaten el resarcimiento al consumidor. O sea, un consumidor cuando se ve damnificado, va a tener un procedimiento muy rápido, ultra sumarísimo, a los efectos de ejercer sus derechos. Y en definitiva esto significa lograr el cumplimiento de la manda constitucional del artículo 42 de la Constitución Nacional”, expresó. Respecto de la polémica por modificaciones a la ley de abastecimiento Capitanich sostuvo que lo que promueve el Poder Ejecutivo es “mecanismos de atenuación respecto a su aplicación, esto es contemplaba sanciones de tipo penal y se excluyen por sanciones de carácter pecuniario, esto es multa, y en ese contexto también se excluyen los mecanismos de intervención de las empresas y mecanismos expropiatorios”. Sobre las criticas dijo que “grupos opositores, tanto empresarios como de partidos políticos, alianzas o frentes electorales, pretenden invalidar la aplicación de la norma desde un perspectiva de visión negativa respecto a desestímulos al empleo y a la inversión”. “Muy por el contrario –agregó-, lo que nosotros sostenemos es que la Argentina tiene 4.500 grandes empresas, cerca de 750.000 pequeñas y medianas empresas, y tenemos un eslabón muy débil en la cadena, esto es el productor pequeño y mediano y el consumidor. Entendemos claramente que existe una apropiación del excedente, que genera concentración económica y que impide al productor un precio compensatorio y al consumidor la disponibilidad de un bien en condiciones óptimas y satisfactorias”. “Consiguientemente –agregó-, lo que este proyecto pretende es precisamente que una pequeña y mediana empresa tenga acceso a un mercado transparente, en donde la existencia de grupos concentrados no debilite su posición, que pueda producir, vender más productos. Por lo tanto, creemos objetivamente que esta es una herramienta que va a generar más inversión y más empleo. Porque la mayor inversión y el mayor empleo en el país se da precisamente a través de la pequeña y mediana empresa”.