Cristina cada vez mas complicada: unificarían sus causas con las de Lázaro Báez

El juez federal Sebastián Casanello dictó hoy un nuevo procesamiento contra Lázaro Báez y otras 26 personas por integrar una banda dedicada al blanqueo de capitales del empresario proveniente de la obra pública durante el kirchnerismo y se impulsa ahora un «mega juicio» que incluiría a la expresidenta Cristina Kirchner entre los acusados. En una resolución de 750 páginas, el magistrado ordenó embargos millonarios y ratificó las prisiones preventivas por este delito -que prevé desde los 4 años y medio hasta los 13 años y 4 meses de prisión- al readecuar, como le había ordenado la Cámara Federal, los procesamientos que ya había dictado previamente y ligarlos a la concesión de la obra pública durante el gobierno kirchnerista. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de Báez, Martín, Leandro, Sabrina y Melina Báez, por ser los beneficiarios de un entramado societario offshore que controlaba cuentas en Suiza a través de las cuales se habrían canalizado unos 60 millones de dólares entre fines de 2010 y principios de 2013. Pero, además, encontrándose concluida la etapa de recolección de evidencias y siguiendo el criterio adoptado por el juez federal Claudio Bonadío en la causa conocida como «Los Sauces», Casanello remitió los hechos a conocimiento del juez federal Julián Ercolini para que se evalúe la responsabilidad de la expresidenta Kirchner en el marco de la asociación ilícita por la cual fue procesada. El objetivo, según se informó oficialmente, es que el equipo de fiscales que lleva adelante la investigación prepare «una única acusación conglobada» para afrontar el «mega juicio» contra los integrantes de la banda que presuntamente lavaba dinero proveniente del fraude con la obra pública. A partir de la investigación llevada adelante por el Juzgado y la Fiscalía en los últimos años, Casanello realizó un análisis integral sobre más de dos docenas de hechos de lavado de dinero que fueron denunciados por distintos actores, tal como le fue requerido por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en su fallo del pasado 10 de marzo, como paso previo al inicio del juicio oral y público. La resolución expone cómo durante los últimos meses de 2010, Báez comenzó a gestar, a través de Leonardo Fariña, un esquema de lavado de activos que incluyó el envío al exterior, a través de financieras del microcentro porteño, de millonarias sumas de dinero ilícito originadas en el presunto esquema de corrupción institucional que se encuentra bajo investigación en el Juzgado de Ercolini, por la entrega de fondos para obras públicas. En ese contexto, Casanello tuvo por probado que, en enero de 2011, Fariña adquiere a Federico Elaskar con dinero de Báez la financiera SGI Argentina, con oficinas en Puerto Madero, desde donde se dirigen las operaciones de lavado de la banda y se gestiona la formación de una estructura jurídica y bancaria en el extranjero para albergar el dinero expatriado. Posteriormente, el juez realizó un relevamiento de todo el entramado societario y bancario utilizado para resguardar el dinero en el exterior (Suiza, Panamá, Belice, Uruguay, España, Estados Unidos, etc.) mediante un análisis de las evidencias colectadas durante la investigación, que incluyen aquellos documentos remitidos por la justicia federal suiza. Finalmente, en el fallo se aborda la maniobra fraudulenta a partir de la cual, según el juez, Báez reingresó al país parte de esa fortuna, con el auxilio de la sociedad suiza Helvetic Services Group, mediante la compra en el extranjero de bonos de la deuda pública argentina por un valor aproximado de 33 millones de dólares que fueron inmediatamente liquidados en el mercado de valores de la ciudad de Rosario. El producto de esa venta (208 millones de pesos) fue abonado a Helvetic Services Group mediante el libramiento de nueve cheques, que fueron endosados en favor de Austral Construcciones, para que esta empresa los deposite en su cuenta bancaria del Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo, en una operación que