Calificadoras: el riesgo como negocio

Calificadoras: el riesgo como negocio

¿Qué son las calificadoras de riesgo? La evaluación de los bonos emitidos en los mercados de capitales son realizadas por apenas tres empresas que presentan conflictos severos de intereses ya que cobran sus honorarios a los mismos que deben evaluar. Así, casos como Lehman Brothers, Enron, WorldCom o economías como Grecia recibían las mejores calificaciones mientras escondían el desastre financiero.

Cuando una entidad (gobierno, empresa, banco, etc) quiere emitir deuda o solicitar financiación, encarga a una agencia una evaluación que sirve a los inversores y prestatarios de orientación para marcar el tipo de interés al que concederían la financiación.

Las agencias más importantes del Mundo son de Nueva York (EEUU) que concentran el 90% del mercado: Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch.

Las calificaciones, que se supone son el resultado de un estricto análisis, son el parámetro global para la cotización de los bonos o cualquier obligación. En muchos países, como en Estados Unidos, hay una regulación por la que los fondos de jubilaciones y pensiones sólo pueden destinarse a bonos con la calificación más alta para no comprometer el futuro de los retirados. Esto quiere decir que un fondo de pensión sólo puede comprar bonos calificados con AAA, y tienen prohibido comprar una obligación con el menor riesgo.

Pero los emisores de bWorldcomonos les pagan suculentas comisiones a las calificadoras, especialmente a las tres más importantes, para recibir y sostener las mejores calificaciones que, además de atraer al mercado especulador común, les permite recibir los miles de millones de dólares de esos fondos de pensiones u otro flujo financiero de la banca y organismos de crédito.

Pero, ¿quiénes son los dueños de estas empresas?

El principal accionista de Moody’s es el multimillonario estadounidense Warren Buffet, que, a través de su compañía, Berkshire Hathaway, controla 12.3%. Standard & Poor’s es filial de la editorial McGraw-Hill.

El mayor accionista de Fitch es la firma francesa Fimalac/Lacharriere, presidida por Marc Ladreit, una de las fortunas más grandes de
Francia.

La evaluación

Sus notas o calificaciones, se supone, valoran el riesgo de impago y el deterioro de la solvencia del emisor y son una opinión profesional, especializada e independiente acerca de la capacidad de pago de una empresa y de la estimación razonable sobre la probabilidad de que el calificado cumpla con sus obligaciones contractuales o legales, sobre el impacto de los riesgos que está asumiendo el calificado, o sobre la habilidad para administrar inversiones o portafolios de terceros, según sea el caso.

Las calificaciones de corto y largo plazo representan una evaluación de la probabilidad de un incumplimiento en el pago tanto de capital como de sus intereses. La diferencia se basa en que la calificación de corto plazo se asigna a una deuda con vencimientos originales de un año o menos. Una calificación de largo plazo se refiere a deuda con vencimientos mayores a un año.

Las agencias calificadoras de crédito tienen serios conflictos de intereses, enfrentan escasa o ninguna competencia, fallan constantemente en predecir situaciones de insolvencia y acentúan las crisis financieras en cuya generación jugaron un papel fundamental. Es necesario encarar estas cuestiones para dejar atrás esta crisis y evitar la próxima.

Antes, los usuarios de las calificaciones de créditos eran los que pagaban a las agencias por las investigaciones que llevan a cabo. Ahora son los dueños de los activos que solicitan su calificación los que pagan a las agencias. Esto genera serios problemas de conflictos de intereses.

Además, existe poca o ninguna competencia entre las agencias. Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch’s acaparan más de las tres cuartas partes de todo el mercado de calificación crediticia. Esta concentración está asegurada por las normativas vigentes en los Estados Unidos que complican el ingreso de nuevas agencias al mercado.

Las agencias pueden ser más nefastas después de una crisis. Como fracasan en predecir una crisis, bajan la calificación crediticia después de que aquella estalla. Esto prolonga y profundiza la crisis porque a menudo los países necesitan emitir bonos para financiar su recuperación. Cuanto más riesgo conlleven según la calificación, mayor será el costo de financiación para el país emisor.

Cuando los gigantes estadounidense Enron y WorldCom fraguaban sus contabilidades ocultando deudas, contaban con las más altas calificaciones de S&P, Moody’s y Fitch Ratings. En Enron mantuvieron la categoría de “alto grado de inversión” aún después que el descalabro era público y sus acciones habían caído de 70 a 3 dólares.
Las calificadoras han facilitado el  recimiento explosivo de algunos negocios y la realización de grandes obras de infraestructura, pero también han sido protagonistas en las grandes crisis y quiebras de los últimos 15 años:

Las agencias de crédito, también conocidas como agencias de «rating», dividen a los países del mundo en dos grandes grupos: los que poseen grado especulativo y los que poseen grado de inversión.
Grecia tenía, antes de la crisis, grado de inversión. Es decir, las calificadoras incentivaron a sus clientes a comprar bonos griegos calificados de seguros y solventes.

Crónica del desastre: lo que no vieron y no quisieron ver

Las calificadoras de riesgo no advirtieron de la caída de Enron, Lehman Brothers o AIG. Incluso días antes de que se descubriera su estado, las tres tenían calificación de AAA a AA, a pesar de que las agencias sabían los problemas de las firmas desde varios meses antes.

Noviembre de 2001: la bancarrota de la corporación energética Enron, acusada de ocultar gastos, inflar los ingresos y falsificar sus balances. Las agencias crediticias fueron acusadas en aquél momento de tardar mucho en detectar la nefasta situación de la empresa: su caída comenzó en octubre, y duró todo el mes de noviembre, pero el grado de ‘bono basura’ le fue atribMarcha en Grecia por la crisisuido solo el 28 de noviembre.
Enero de 2007: en vísperas de la crisis financiera los inversores empezaron a perder activos colocados en las obligaciones CDOs (Collateralized debt obligations). La mayoría de estas obligaciones, emitidas por entidades de confianza (como Credit Suisse Group) tenían calificaciones máximas, ‘AAA’ y eran muy apetecibles. Después de que estallara la burbuja de la deuda pública, los CDOs se convirtieron en basura, aunque las agencias no fueron capaces de preverlo.
Septiembre de 2008: la quiebra de Lehman Brothers. Las agencias de calificación de riesgos reaccionaron a la caída del banco y de la compañía de seguros American International Group en el último momento. Posteriormente, durante las audiencias en el Congreso, ex altos funcionarios de Moody’s y S&P reconocieron que se trataba de un conflicto de intereses, ya que las compañías fracturadas habían estado pagando a las agencias. Más tarde, representantes de Moody’s, Fitch y S&P admitieron que los analistas que determinaban las calificaciones seguían formando parte de su plantilla.
Mayo de 2011: la Fiscalía de Portugal abrió una investigación contra Fitch, Moody’s y S&P. Los resultados aún se desconocen. Sin embargo, después de que Moody’s calificara la deuda lusa como ‘bono basura’, la administración de la UE anunció que las agencias de rating que operan en EE. UU. no son imparciales con los países europeos. El presidente de la comisión Europea, José Manuel Barroso, señaló que las evaluaciones de las tres principales agencias generan especulaciones en los mercados financieros y las acusó de crear un oligopolio.

Standard & Poor’s se ha encargado de evaluar las deudas de las instituciones públicas, dirimiendo la posibilidad de retorno de las inversiones.

Numerosas instituciones públicas han acusado a Standard & Poor’s de no imparcialidad o de predicciones nefastas:

Caso de Islandia en 2001: Se le estimó con una nota de AAA debido a su nueva legislación bancaria liberal. En 2008 el sistema bancario islandés entró en crisis y los islandeses votaron en referendum que no iban a devolver el dinero extranjero invertido.
Hipotecas subprime: Antes de la crisis de los bonos de hipotecas subprime de 2008, S&P les dio la máxima calificación crediticia a las hipotecas basura y a bancos que resultaron subsistir de estafas, entre ellos a Lehman Brothers.
Italia: fue condenada en a pagar $1.3 millones a la transnacional italiana Parmalat por haber usado información falsa para darle nota positiva a la empresa. Parmalat había pedido una indemnización de $6,000 millones.
México: Dos días después que México devaluara a fines de 1994, S&P todavía calificaba muy favorablemente a los bonos de la deuda mejicana (AA+).

Las agencias de calificación crediticia como Fitch Ratings, han sido objeto de críticas en la estela de grandes pérdidas en el mercado de obligaciónes de deuda colateralizadas (collateralized debt obligation o CDO) que se produjeron a pesar de ser asignada la máxima calificación por las agencias. Sin embargo, a diferencia de los demás organismos, Fitch ha advertido al mercado sobre las constant proportion debt obligations o CPDO con un informe antes de la crisis sobre los peligros de los CPDO.

Las agencias de calificación crediticia como Moody’s han sido objeto de críticas en la estela de grandes pérdidas en el mercado de obligaciónes de deuda colateralizadas (collateralized debt obligation o CDO) que se produjeron a pesar de serle asignadas la máxima calificación por las agencias.

Controversia en Portugal: El 5 de julio de 2011 la deuda soberana portuguesa fue degradada de categoría hasta la Ba2 lo que enfureció a la Unión Europea y a Portugal.

Moody’s fue acusada de especular con los mercados y de atacar a la economía europea. Además la legitimidad de las agencias estadounidenses fue puesta en duda.

Las empresas públicas y de infraestructuras de Portugal como ANA-Aeroportos de Portugal, Energías de Portugal, Redes Energéticas Nacionais, y Brisa – Auto-estradas de Portugal fueron también degradadas a pesar de tener unos perfiles financieros sólidos y beneficios importantes.

Los ciudadanos portugueses calificaron a las acciones de Moody como terrorismo económico y se lanzaron a varias iniciativas, entre ellas bloquear las páginas de Moody en los servidores portugueses. El 11 de julio la website de Moody estuvo deshabilitada en Portugal y en otros países por un ataque DDos.

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