Buscan que las causas contra funcionarios no prescriban

Los funcionarios públicos que en el país estén procesados bajo algún cargo que represente delito en el futuro no podrían evadir a la Justicia a través del viejo ardid de la prescripción de la causa. Esto se cumpliría si se modificara el Código Procesal Penal argentino a través de un proyecto que por estas horas está pergeñando el actual senador provincial, Carlos Aguinaga, conocedor de dicho instrumento a través de su profesión de abogado. “Es necesario que la lucha contra la corrupción cuente hoy por hoy con instrumentos que la hagan efectiva. Por ello estoy planteando dos cosas: primero que avance un proyecto que modifique el Código Penal para que las acciones cometidas por funcionarios públicos y que sean tipificadas como delitos no prescriban nunca y que puedan estas personas ser juzgadas siempre”, informó el legislador demócrata. Citando el caso de la ex funcionaria menemista, María Julia Alsogaray, “quien ya fue beneficiada en una causa en su contra por la figura de la prescripción con lo cual ella no pudo probar que no hubo un delito y tampoco la sociedad pudo probar que lo hubo”, agregó que “si logramos que se apruebe el citado proyecto el funcionario va a estar siempre sometido a ser juzgado y a poder demostrar a que es inocente”, dijo. Y justificó que “esto es importante porque muchas veces las pruebas contra los funcionarios públicos y que en su momento son poderosos aparecen al tiempo, cuando ya no están más en su función por la que fueron cuestionados ante la Justicia. Después de ese tiempo hay que encontrar a un testigo que esté dispuesto a atestiguar y por lo tanto no le podemos poner un tiempo límite a esto. El funcionario debe actuar a favor de la sociedad y no en contra. Cuando lleguen al poder deberían tener que actuar con ese límite. Sabiendo que siempre van a estar siendo investigados”, manifestó. En tanto, ventiló su segundo proyecto contra la corrupción en Argentina: “Está referido para que las personas estén incentivadas para que denuncien cuando tengan conocimiento, por ejemplo, que ha habido un pago de sobre precios por parte del Estado en obra pública o en contratación de servicios. Por eso proponemos que cuando se compruebe el hecho delictivo, se condene al responsable y el Estado recupere el sobre precio, al denunciante se le entregue un porcentaje del dinero de lo que se recupere”, informó. “Esto sería valioso además para que la sociedad se entere de lo que pasa al mismo tiempo de que la Justicia pueda intervenir con pruebas contundentes que el propio denunciante va a poder aportar”, expresó. COMPARTILO CompartiloTwittealo Por la sensación de la mass media que de que no pasará nada con causas caras como la que tiene en foco la figura del vicepresidente Amado Boudou o de Lázaro Báez, Aguinaga aclaró: “Esto busca que esto no pase. No sólo por esas causas actuales sino contra lo que pueda hacer en el futuro cualquier funcionario público y que sepan que si se involucran en la función pública es para ser transparentes y que si actúan mal es para ser juzgados siempre”, cerró.