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Por Martín Dinatale
mdinatale@infobae.com
Desterrar el narcotráfico en su foco de origen, imponer una presencia del Estado donde se había perdido y dar la mayor batalla contra la pobreza en el corazón del conurbano. Bajo estos conceptos la gobernadora María Eugenia Vidal desplegó hace menos de un mes y en forma muy reservada el plan de «intervención de emergencia», como le denominan, en las ocho villas más peligrosas del Gran Buenos Aires.
En este novedoso proyecto intervienen todos los ministerios de la gobernación bonaerense aunque en mayor medida se involucró a los Ministerios de Seguridad, Desarrollo Social, Infraestructura y Salud.
Según detallaron ante Infobae funcionarios de estrecha confianza de Vidal, el plan de «intervención de energencia» se empezó a concretar en una primera fase en la villa Costa Esperanza de San Martín; en La Cava de San Isidro; en Villa Itatí de Quilmes; el el barrio Libertad de Almirante Brown; en Porá de Lanús y en la villa Carlos Gardel de Morón. En una segunda etapa se apuntará a las villas Puerto de Hierro en La Matanza y Garrote en el municipio de Tigre.
¿Qué tienen en común todas estas villas con diferentes características urbanas y ubicaciones geográficas del conurbano?
«El común denominador del trabajo en estas villas es que todas tienen niveles muy elevados de narcotráfico», dijo sin vueltas a Infobae un funcionario de Vidal. Es decir, se trata de los distritos más peligrosos del conurbano en materia de delitos de narcotráfico.
El plan de la gobernación bonaerense en su primer etapa apunta a cubrir a más de 100.000 personas en su conjunto.
La policía bonaerense ya hizo una avanzada con un equipo de 800 agentes especiales en 5 de las 8 villas mencionadas. Según detallaron fuentes del Ministerio de Seguridad que conduce Cristian Ritondo, la policía creó un grupo de «avanzada urbana policial» que es un equipo especialmente capacitado para enfrentar el narcotráfico.
En la «intervención de emergencia» planificada la policía bonaerense ya ubicó, por ejemplo en los barrios de Itatí, La Cava y Carlos Gardel puestos policiales móviles, más patrulleros y cabinas policiales fijas.
«Necesitamos mostrar una mayor presencia policial allí donde no la hay y ayudar a la urbanización para que la gente sienta la presencia del Estado en lugares donde hoy son inaccesibles y guaridas perfectas para los narcos», explicó una fuente calificada del gobierno de Vidal.
Sin embargo, el plan de la gobernación no se limita al plano estrictamente policial en las villas más peligrosas del conurbano.
Desde el punto de vista del desarrollo de proyectos de urbanización los ministerios de Desarrollo Social y de Infraestructura avanzan en este plan con un presupuesto global de 800 millones de pesos de fondos del Tesoro de la provincia a los que se les sumarán 200 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros USD 200 millones del Banco Mundial.
El plan contempla tres etapas bien diferenciadas en este campo de la infraestructura y la ayuda social. Un primer momento es el del diagnóstico donde se está haciendo un relevamiento en las 8 villas mencionadas para evaluar en detalles las características de la población; una segunda etapa prevé la «intervención de emergencia» donde se refuerzan los servicios básicos y un tercer paso es el de la instalación de una «mayor infraestructura» que apunta a desplegar red de cloacas, agua potable y pavimentación.
El plan en marcha
Las dos primeras etapa del plan ya empezaron a desplegarse. En la villa Costa Esperanza de San Martín se empezó a trabajar con la instalación de red de cloacas, la limpieza de un gran basural y la pavimentación con luminaria para hacer del lugar una zona más segura.
En la Villa Itatí de Quilmes donde se encuentra trabajando con un grupo de cartoneros con la monja Cecilia Lee, que es muy amiga de Vidal, se empezó a trabajar en la limpieza de un gran basural y en la luminaria.
En Lanús, para la villa Porá se proyectó un plan para evitar inundaciones, la recolección de residuos y un programa de agua potable y pavimentación.
El barrio Libertad de Almirante Brown es más rural pero allí también se estan atacando problemas graves de contaminación de un arroyo y la limpieza de basurales.
A la vez, hay un proyecto de desarrollo de plantas de tratamiento cloacal móvil sustentado con AYSA en los 8 barrios a los que apunta Vidal.
«El objetivo inmediato de estos planes es que haya una mayor presencia del Estado donde nunca la hubo y evitar que el narco suplante las necesidades básicas de la gente que le debe dar el gobierno», explicó un funcionario de La Plata.
En este sentido, más allá de las diferencias, se busca emular el ejemplo de lo que fue hace más de una década el plan de Colombia para limpiar del narcotráfico a ciudades como Medellín. Allí se desplegó una importante urbanización de los barrios con bibliotecas, colegios, pavimentación, luminaria y canchas de fútbol puestas por el Estado.
La ecuación que hace Vidal es simple: cuanto mayor presencia y contención del Estado, menor margen de maniobra tendrán los narcotraficantes. De allí que el plan apunta a los 8 distritos donde los delitos de narcotráfico están al tope de los récords.
Las villas elegidas por las autoridades bonaerenses para desplegar este plan de «intervención de emergencia» además de tener el eje común de un aumento del narcotráfico preocupante es que todas tienen una tipología diversa lo que hace que el proyecto se pueda adecuar más adelante a barrios de los más diversos.
El reto es muy grande si se tiene en cuenta que en la provincia de Buenos Aires hay 1.600 villas miserias, de las cuales el 80% están concentradas en el conurbano. Claro que no todas estas tienen el mismo nivel de delitos de narcotráfico. No obstante, la situación general de las villas del Gran Buenos Aires se fue deteriorando en los últimos 20 años.
Según un detallado informe del Observatorio de la Deuda Social de UCA y de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, el 16% de la población del conurbano bonaerense residía en el período 2015/2016 en hogares en condiciones de hacinamiento. Así, la población que residía en condiciones de hacinamiento alcanzaba a casi uno de cada tres hogares en villas y asentamientos y a cerca de la mitad de los hogares indigentes.
Para el período 2015-2016, el informe señaló que una de cada cuatro personas en el conurbano residía en hogares cuya vivienda no disponía de conexión a agua corriente de red y el 36% de la población del GBA residía en viviendas sin conexión a red de gas natural a la vez que una de cada tres personas residía en viviendas situadas en una calle sin pavimento.
En 2015/2016 aproximadamente 1 de cada 4 personas en el conurbano residía en hogares situados cerca de basurales.
Esta situación mejoró levemente en los últimos dos años según señalan algunos especialista en política social. Pero la falta de infraestructura sumada al avance de los narcos hizo que muchas villas se conviertan hoy en un grave peligro social. Hacia la resolución de esta catástrofe social apunta el ambicioso plan de Vidal en las primeras 8 villas más peligrosas del conurbano.
