Tras la reciente media sanción del Presupuesto en la Cámara de Diputados, el Gobierno reconoce que enfrentará un camino difícil hacia la aprobación definitiva de la ley. La esperanza de contar con un presupuesto aprobado para diciembre ha quedado atrás, lo que eleva la presión política en la administración de Milei.

Las diferencias internas en el Ejecutivo se hacen evidentes: las altas instancias de gobierno discuten sobre la magnitud de las modificaciones necesarias, especialmente en relación a la Ley de discapacidad. Esta norma, a la que el presidente trató de derogar sin éxito, ahora se convierte en el foco de atención, con la alerta de que cualquier cambio en el Senado enfrenta obstáculos inmediatos.

La meta del oficialismo es reducir el impacto fiscal de la Ley de discapacidad, que se estima podría afectar cerca de 1.8 puntos del PBI. Sin embargo, a pesar de estos intentos, algunos miembros del Congreso advierten que las posibilidades de éxito son escasas.

Los líderes del oficialismo reconocen que la falta de consenso con gobernadores aliados ha sido un error estratégico. La reciente discusión en el Congreso ha dejado una sensación de desconfianza y ha generado tensiones entre diferentes sectores políticos.

“El Presupuesto, tal como fue aprobado, no es funcional,” expresaron algunos interlocutores cercanos a Milei. Un veto presidencial es una posibilidad real si no se logran cambios antes de su sanción. La realidad económica del país exige una respuesta más adecuada, ya que las necesidades financieras del Gobierno son urgentes.

Ministros del gabinete advierten que la falta de un presupuesto reflejaría negativamente en los mercados, especialmente en un contexto donde el ministro de Economía, Luis Caputo, busca captar deuda externa. Ignorar el proyecto del Presupuesto como se hizo el año pasado tampoco parece ser una opción viable.

Mientas tanto, se convoca a una reunión de la mesa política para evaluar los resultados de una sesión legislativa repleta de conflictos. Las manifestaciones en la Plaza de Mayo, lideradas por la CGT, también han contribuido a crear un ambiente tenso para el oficialismo.

Las disputas internas se manifiestan en el Ejecutivo, donde algunos aliados acusan a la conducción del gobierno de errar en sus cálculos políticos, especialmente en cuanto a los apoyos que recibieron de ciertos gobernadores. La frustración crece cuando se observa que algunos de esos aliados han votado en contra de sus intereses.

Las tensiones no terminan ahí, ya que los aliados del oficialismo están cada vez más molestos. La incertidumbre sobre el futuro del presupuesto continúa en un clima de desconfianza. Al mismo tiempo, el riesgo de judicializar aspectos de la sesión por inconstitucionalidades se vuelve una opción latente para algunos sectores de la oposición.

El contexto se vuelve aún más complejo dado que a estos conflictos se suma la posibilidad de que otros temas puedan ser llevados al recinto, si la oposición logra reunir los votos necesarios. Esto añade otra capa de tensión en un período ya bastante complicado.

Frente a esta situación, el Gobierno apunta sus críticas hacia gobernadores y aliados, con quienes habían mantenido relaciones cercanas. Varios de estos funcionarios, que habían recibido apoyos económicos, ahora parecen haberse apartado cuando más se les necesita.

Con el telónico de un presupuesto en déficit, la dinámica de negociación se torna crítica. En la búsqueda de apoyos, incluso los aliados que parecían seguros han comenzado a mostrar resistencias. La falta de consenso puede llevar a que la aprobación de la ley se vuelva un juego esquivo.

A medida que las tensiones escalan, el legado de esta administración se pone a prueba. La capacidad de Milei y su equipo para gestionar esta crisis definirá el rumbo político y económico del país en los próximos meses.